Reformulación constitucional

El legislador quizás no haya estado a la altura de las circunstancias cuando debió adaptar su contenido a las cambiantes necesidadesde la sociedad

ANTONIO JIMÉNEZSecretario general de UGT en la Región de Murcia

Escribía Jaime Gil de Biedma que «de todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal». Sin necesidad de compartir plenamente este aserto, razón puede atribuírsele si de constitucionalismo español hablamos. Sin ir más lejos, la emblemática Constitución de 1812 tuvo una vigencia reducida e intermitente, de unos seis años. En términos parecidos a todas las que se promulgaron en la segunda mitad del siglo XIX (con excepción de la de 1876, la más longeva de la historia de España, 47 años), y a la Constitución de 1931, derogada con el inicio de la Dictadura.

La Constitución Española de 1978 supone otra excepción que rompe con esa historia de sucesivos fracasos. La configuración del Estado social, democrático y de derecho, realizada desde el consenso y por encima de opciones partidistas; la organización territorial del Estado; el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas; o la implantación del Estado del bienestar, pueden ser buenas razones de su inicial acierto normativo, y aval de su dilatada vigencia. Pero también, entre otros, sus mecanismos de distribución de la riqueza, el derecho al trabajo, el valor esencial que otorga al diálogo social, a la participación institucional, a la negociación colectiva, al mantenimiento de la Seguridad Social, a la protección de la salud, el derecho a la educación y a la vivienda.

Desde su promulgación, solo han tenido cabida en ella dos modificaciones, en 1992 y 2011, y más por exigencias de Europa que por cuestiones nacionales. Frente a esa inmovilidad normativa de la española, la Constitución alemana se ha modificado en 60 ocasiones en casi 70 años de vigencia, 27 en Irlanda, Francia en 24 ocasiones (una media de una reforma cada dos años de vigencia), y 12 en Portugal. Y ahí es donde debemos situar el problema de una Constitución de la que se dice está en crisis. El legislador español quizás no haya estado a la altura de las circunstancias cuando debió adaptar su contenido a las cambiantes necesidades y demandas de la sociedad. Y ante ello no puede argüirse ni la sempiterna excusa de la falta de consenso político, al estilo del que se produjo en 1978 (consenso del que siempre se carece en el inicio de cualquier proceso de negociación); ni la agravación de los procesos de reforma constitucional (ya que las únicas dos reformas constitucionales utilizaron un cauce procesal demasiado ágil).

Ha faltado voluntad política. Y esa es la que debe ahora germinar, para modernizar las distintas instituciones del Estado, mejorando los instrumentos de interrelación y equilibrio entre ellas; para reconfigurar la organización territorial, fijando de forma precisa las respectivas competencias; y para reforzar el eje social, tan debilitado en estos momentos en el acervo comunitario.

Es ingenuo pensar que esta crisis constitucional será superada sin cambiar nada en la práctica. 40 años dan para mucho. Para reafirmar lo que ha funcionado. Para adaptar lo necesario. Y también para reforzar los mecanismos de garantía del cumplimiento de la Constitución.

 

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