La pacífica revolución

La pacífica revolución
José Ibarrola
FERNANDO LÓPEZ MIRASPresidente de la Región de Murcia

Desde hace cuarenta años, cada 6 de diciembre cobra un significado especial para todos los españoles. Es un día para celebrar muchas cosas, aunque todas partan de un mismo origen: la aprobación de la Constitución de 1978 en el referéndum más importante de los celebrados en la historia de nuestro país.

Aquel miércoles, los españoles dieron el paso decisivo para romper con un pasado marcado por la falta de libertad y de democracia, y para cambiar esa España en la que habían vivido durante décadas, dando paso a un proyecto común basado en la concordia, la fraternidad y la voluntad de progresar juntos y unidos en un mismo proyecto común, por encima de las diferencias. Sin exclusiones. Haciendo gala de una generosidad, una valentía y un sentido de Estado que hoy se echan tanto de menos en la actual política nacional.

Un logro colectivo del que, cuarenta años después, los españoles debemos sentirnos muy orgullosos, por lo que supuso entonces y aún representa la aprobación de nuestra vigente Carta Magna. En ella se basa nuestro sistema de valores, y de ella emanan nuestros derechos y libertades, que han hecho de la España del siglo XXI un ejemplo de solidaridad, libertad, igualdad, pluralismo político y convivencia democrática que hoy también celebramos.

Un proceso, la llamada Transición española, que causó la admiración internacional, y que ha sido tomado como ejemplo por otros países para poner fin a conflictos civiles y cerrar heridas de manera dialogada, sin caer en el error de recurrir a la violencia, tal y como demostró el pueblo español en 1978 que era posible.

Nuestra Constitución supuso una auténtica revolución desde el punto de vista político, por los retos que la inspiraron y los logros obtenidos desde su entrada en vigor. Ese cariz revolucionario se puso de manifiesto al apelar a la responsabilidad colectiva y la concordia como las únicas fórmulas válidas para superar de manera pacífica las divisiones, la desconfianza y los recelos mutuos, en claro contraste con otras dolorosas experiencias de nuestra historia reciente.

Y son esos mismos principios que animaron el pacto constitucional en 1978 los que hoy propician que nuestra sociedad sea cada vez más justa, igualitaria y respetuosa con el discrepante y con la diversidad. Los que hacen posible que nuestra convivencia se asiente sobre valores como la libertad y la democracia de una manera tan natural que podría parecer que fue algo fácil, y sin apenas mérito, de conseguir. Y nada hay más lejos de la realidad.

De ahí que resulte tan desafortunada y ofensiva esa visión falsa y manipulada que algunos, de manera tan interesada como innoble, quieren imponernos ahora, empeñada en desacreditar el espíritu de reconciliación y de concordia que presidió aquellos días.

Porque desprestigiar nuestro modelo constitucional es el primer paso para poner en cuestión -como antesala para su demolición- el marco legal que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad institucional, libertad, prosperidad y paz social de nuestra historia, y que aún tiene mucho que ofrecer a la sociedad española cuarenta años después de su aprobación, con las debidas reformas.

Desprestigiar nuestro modelo constitucional es el primer paso para poner en cuestión el marco legal que ha propiciado el periodo de mayor libertad y estabilidad de nuestra historia

Un marco legal que ha propiciado nuestro modelo autonómico, en cuya construcción la Región de Murcia siempre ha colaborado con lealtad institucional, con el orgullo de ser parte de ese gran proyecto común que es España. Y que también ha hecho posible el mayor proyecto de solidaridad interterritorial de la historia de nuestro país como es el trasvase Tajo-Segura, cuya continuidad, como le sucede a la propia Constitución, es también ahora cuestionada por quienes no creen en la igualdad de todos españoles, y por la que el Gobierno de la Región de Murcia va a luchar siempre con toda la fuerza que le otorga la ley, que consagra el mismo derecho que tienen los habitantes de cualquier parte del territorio nacional para disfrutar de una financiación autonómica o unas infraestructuras idénticas a las del resto de España.

A quienes consideran que es un texto legal que ya no se adapta a los tiempos actuales, nuestra Carta Magna les ha demostrado en repetidas ocasiones que siempre ha sido la más eficaz herramienta para salvaguardar nuestra convivencia en democracia y libertad en aquellos momentos, algunos de ellos bastante recientes y que todos tenemos tan presentes, en los que el pueblo español ha tenido que hacer frente a grandes crisis, amenazas o peligros.

Pero si una virtud tiene la Constitución de 1978, además de su juventud en comparación con las de nuestro entorno, es su capacidad para ser reformada, incluso mejorada, recurriendo a unos mecanismos que, como sucedió hace cuarenta años, requieren de un amplio consenso para su modificación. Desterrando la posibilidad de hacerla un instrumento al servicio de unos españoles contra otros y, lo que es más importante, anteponiendo el bien común y la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los españoles como la función esencial para la que cuatro décadas atrás fue creada y aprobada en aquel referéndum que hoy conmemoramos con tanta alegría y orgullo.

 

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