Una norma suprema «desfasada»

Cinco jóvenes estudiantes coinciden en la necesidad de una reforma constitucional que incluya, entre otros aspectos, «el derecho al olvido digital y a la eutanasia»

Debate de ideas. Andrea Pardo, José Miguel Rojo, Candela Alcaraz y Javier González, en la Plaza de la Universidad de Murcia./Guillermo Carrión / AGM
Debate de ideas. Andrea Pardo, José Miguel Rojo, Candela Alcaraz y Javier González, en la Plaza de la Universidad de Murcia. / Guillermo Carrión / AGM
Marta Semitiel
MARTA SEMITIEL

Cuando a la juventud se le atribuyen con frecuencia demasiados atributos negativos, se convierte en un concepto irreal y vacío. Casi carente de sentido. Valientes, formados, críticos, escépticos, esperanzadores, visionarios. Así son los cinco estudiantes murcianos de entre 19 y 21 años que se han reunido con 'La Verdad' para analizar, desde su perspectiva juvenil, qué le falta, a su juicio, a la norma suprema del Estado. Una Constitución que, quizás no valorada como se merece en la sociedad en la que ellos viven, les representa con matices porque, sostienen, «está objetivamente desfasada, obsoleta. En el 78 era impensable, por ejemplo, contemplar un derecho al olvido digital. Pero ahora creo que es muy necesario», opina José Miguel Rojo, estudiante de Ciencias Políticas.

Sus ojos brillan en el debate junto a los de Andrea Pardo, estudiante de Derecho y la más joven del grupo, a quien empezó a interesarle la Constitución mucho antes que a sus compañeros, «más o menos cuando estaba en cuarto de la ESO, pero porque yo ya iba tirando hacia donde quería estudiar». Ella coincide con José Miguel en la inclusión de ese derecho al olvido digital, «pero también incluiría la eutanasia como parte del derecho a la vida, porque si de verdad tenemos derecho a una vida digna, deberíamos poder decidir en qué condiciones se acaba esa vida». Aquí es Javier González, estudiante de Enfermería, quien añade una visión sanitaria al ámbito jurídico, «porque en realidad, el problema del debate reside en que hay un atraso en la idea que tenemos de la muerte, porque no se entiende como un proceso vital. No puede haber vida sin muerte y, el hecho de no entender eso hace que no nos planteemos la eutanasia como algo necesario. Pero, realmente, cuando las personas ya viven sin calidad de vida, hay que seguir garantizando esa calidad, y es ahí donde entra la eutanasia».

La visión de Candela Alcaraz es diferente a la de los otros cuatro. Esta joven con sordera y estudiante de Educación Primaria considera también necesaria la inclusión de la lengua de signos como «como una de las lenguas oficiales del Estado, porque aunque lo está en la Ley 27/2007, nuestro objetivo es que esté dentro de la Constitución. No sé si todas las personas con diversidad funcional se sienten representadas por ella. Como personas, seguramente sí, pero también creo que nos falta algo más, por ejemplo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad». A ella le cuesta seguir el debate con fluidez, pero también apunta que sería interesante «recoger el derecho a la libre orientación sexual, porque creo que hay un vacío en ese sentido».

Ellos se escapan de cualquier concepción soberbia sobre lo mucho o poco preparada que pueda estar la juventud y demuestran con maestría que saben de lo que hablan, que tienen un criterio formado y que se preocupan por lo que pueda suceder a su alrededor. Algo que, sin embargo, reconocen que no tienen todos los chicos y chicas de su edad: «La gente no quiere marearse la cabeza, quiere aprobar y punto. Si en el sistema educativo no se premiase la nota, sino el ingenio y las ideas propias, nos importaría más conocer la Constitución o entender de política», añade Paco Benedicto, de 21 años y estudiante de Traducción e Interpretación. Como todos los demás, también él cree que «tendrían que empezar a enseñarnos qué es la Constitución desde primero de Secundaria. Hay que hacer que los alumnos se pregunten cosas. Esa es la única forma de prepararlos para el mundo real. Y a mí, personalmente, saber en qué año se descubrió América no me resulta muy útil en mi vida diaria, pero saber qué derechos y deberes tengo sí, es un ejemplo».

Proponen que la Carta Magna recoja el derecho a la educación pública y gratuita, desde Infantil hasta el nivel superior, y la libre orientación sexual

Sin pensar demasiado, todos son capaces de enumerar unos cinco o seis derechos recogidos en la Constitución, «pero a la gente le cuesta diferenciar qué son los derechos fundamentales de los que son principios rectores. Pasa mucho con el derecho a una vivienda digna o el derecho al trabajo, que no son fundamentales. Por eso tú no puedes ir a un juez a reclamarle una casa o un empleo. El debate es si habría que meterlos como fundamentales o no», apunta Rojo sin poder continuar con el hilo de su conversación, porque es Andrea quien sale al paso para asegurar que «el problema es que, en muchos casos, el Estado no tiene la estructura suficiente para garantizarlos como derechos fundamentales».

Sin embargo, todos coinciden en que «el derecho a la sanidad pública, universal y accesible sí debería ser fundamental y eso sí es fácil de hacer, porque el sistema sí podría absorberlo. Si estuviera blindado como tal, la ley de 2015 no podría haberse aprobado, por ejemplo». Otras de las correccioness que añadirían de forma unánime son «eliminar la inviolabilidad del Rey, porque el hecho de que una persona sea intocable ya es antidemocrático, y la igualdad entre hombres y mujeres de forma expresa, porque ahora mismo se habla de ella de forma muy abstracta y sería necesario un artículo específico para la desigualdad de género». La última de las aportaciones conjuntas tiene mucho que ver con el momento que viven, pues todos proponen la «educación pública y gratuita, desde Infantil hasta nivel superior». En este ámbito, sí que regularían «la gratuidad de las primeras matrículas universitarias para todos, también como forma de premiar la excelencia», aunque Benedicto también apuesta por «estudiar cada caso personal, porque si se suspende por fuerza mayor o si se realiza una carrera más difícil, pues a lo mejor habría que garantizar también una segunda matrícula gratuita».

Miedo a los referéndums

Estos cinco jóvenes auguran un futuro relativamente corto al texto constitucional actual y creen «imposible que siga vigente diez años más, a lo sumo veinte. Lo que no puede ser es que tengamos un mecanismo de reforma que bloquea constantemente cualquier cambio». Todos coinciden en señalar el consenso político como algo necesario «pero muy difícil de alcanzar. Ahora mismo no hay nivel político suficiente para alcanzar un consenso sobre cosas fundamentales, ¡pues imagínate para reformar la Constitución!», ríe Andrea de forma amarga antes de añadir que, «teniendo en cuenta el momento político en el que se aprobó, creo que el texto del 78 está muy a la altura de una democracia».

Los cinco conocen la convulsión política que rodeó el nacimiento de la Carta Magna, «por eso se evitó concretar los temas que más consenso necesitaban. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en un mismo artículo se reconozca la unidad de España y la descentralización? En aquel momento, se decidió que la legislación posterior regularía todos los temas ambiguos, pero el problema es que no hay consenso político en esa legislación. ¿Cómo puede ser que la ley de Educación se cambie cada vez que llega un partido político diferente al poder?», constata el estudiante de Ciencias Políticas. La solución, para los cinco, vendría de la mano de una reforma profunda que se validase por el pueblo a través de un referéndum. Sin embargo, todos creen que los políticos españoles tienen miedo a los referéndums, «porque tal vez se ven como algo bananero o nórdico. Cuando, en realidad, bien utilizados, serían una fórmula para legitimar sus propuestas políticas», concluye Rojo.

 

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