Nacidos con la democracia

Cuatro murcianos del 78 defienden el sistema de autonomías y no creen en la autodeterminación «porque en España no hay pueblos oprimidos»

Iago González Quelle, Irene Martínez Alcaraz, Francisco José Molina Castillo y Fuensanta Botías Vicente pasean por la calle Trapería de Murcia. / Nacho García / AGM
Marta Semitiel
MARTA SEMITIEL

Todos recuerdan la infancia idílica de los años ochenta como si nada compartiese con la forma de crecer que tuvieron las generaciones posteriores, como si un huracán tecnológico hubiera borrado aquel tiempo del mapa, barriendo sus costumbres, su forma de aprendizaje, ese mirar en las enciclopedias, esa ausencia de facilidades a golpe de clic, ese vivir sin depender de una pantalla.

Afortunados. Así se sienten los cuatro protagonistas de este reportaje. Afortunados por haber nacido en democracia, en 1978, justo el mismo año que lo hizo la Constitución Española. «El hecho de que sea en el mismo año, pues te hace gracia, pero ya está. Pero sí creo que tuvimos suerte de no nacer en una dictadura, porque entonces sí que se pasaba mucha hambre y mucho miedo», se sincera la publicista Irene Martínez. Junto a ella, en la misma mesa de una terraza de Santo Domingo, comparten impresiones de sus cuarenta años Iago González, ingeniero; Francisco José Molina, profesor; y Fuensanta Botías, diseñadora de interiores. Ellos se consideran los primeros niños con suerte de España, los que pudieron empezar a viajar a edades tempranas, los que gozaron de «ciertos privilegios que no habían podido tener nuestros padres, como la universidad pública».

Sus recuerdos destilan el manido verso de Manrique que afirmaba que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Al menos así lo siente Iago, quien todavía sigue enamorado de «cómo era el país en esa época, la gente era más auténtica y hemos evolucionado en recursos, pero no en autenticidad. En estos cuarenta años es indudable que ha habido mucho avance social, pero cultural no lo sé, no creo que haya ido equiparado. Ahí falta mucho por conseguir y creo que hay mucha diferencia entre unas comunidades y otras». Las autonomías son uno de los puntos del debate constitucional en el que los cuatro se ponen de acuerdo y dicen que es un buen sistema, «pero se podría mejorar, y para eso se tendrían que revisar las competencias que tienen y mantener el nexo común entre comunidades. Si no hay una redistribución de la riqueza, no tendríamos sentido como país, y por eso es bueno el sistema de autonomías, aunque se puede perfeccionar. El problema, creo, vino porque algunas se tenían claras porque estaban, pero otras se inventaron de la nada. Y ese es el origen de muchas incomprensiones», continúa el ingeniero con la aprobación de las mujeres de la mesa.

Entre ellos triunfa el sí a la monarquía con el Rey como jefe de Estado, pero vigilarían «de cerca» sus actividades y limitarían «sus privilegios»

Fran observa el partido casi sin meter baza. Se asusta incluso cuando sale a la conversación el binomio Estado Federal. Desde su óptica, sería mejor «ver en los últimos cuarenta años qué hemos hecho y qué no funciona tan bien como esperábamos, para poder pulirlo. Pero, ¿quitarlas? Yo no veo por qué haya que quitar las autonomías», considera el profesor. Su postura es de las más reacias a cualquier cambio constitucional, porque le tiene un especial cariño a la Carta Magna: «Para mí, el cambio es una palabra muy fuerte. Nosotros hemos disfrutado de una constitución y no hemos conocido el antes. Este texto supuso una transición democrática y para mí eso representa mucho. Sentó las bases de lo que somos hoy y reflexionar de si procede o no procede cambiarla, creo que requiere un análisis pormenorizado y más detallado. A lo mejor es posible ver en qué hemos fallado y ver cómo legislar para mejorarlo, antes de cambiar la Constitución. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana o que podamos dilucidar aquí en una conversación entre cuatro personas que ni siquiera somos juristas. Es necesario un consenso general».

Los demás coinciden con él, pero a medias, pues sí creen que hay «algunas cosas que son obvias y a las que nadie se opondría, como por ejemplo quitar la sucesión de la monarquía por cuestión de sexo, porque es algo que discrimina a la mujer, y estamos hablando casi todos los días de feminismo e igualdad, pero ahí está. O poner la gratuidad de la educación a la etapa de entre cero y tres años, creo que nadie diría que no a eso», apunta Fuensanta, quien, como todos ellos, reconoce no haberse leído la Constitución, «pero creo que no hace falta para saber que hay cosas que son de sentido común y susceptibles de modificación». Iago va más allá y asegura que, de la Carta Magna, «se podría cambiar cualquier cosa, si se quisiera, pero parece que la reforma es un tabú, parece que la Constitución es un documento que Dios entregó a los hombres por encima de cualquier cosa, y después de cuarenta años, tendrían que poder cambiarse de forma natural los artículos que están obsoletos. Eso es posible en cualquier otra democracia, pero aquí parece que no, porque este es un país en el que somos incapaces de ponernos de acuerdo y llevar las cosas a buen entendimiento», lamenta.

«No se votó el texto»

Ellas secundan su opinión y creen que a los políticos «les da miedo tocar nada, porque eso significaría entrar en un conflicto constante y el acuerdo sería caótico. Aunque llegará un momento en el que la modificarán, pero cuando ya no tengan más remedio», dice Fuensanta. Para Irene, el problema es «que todo se lleva a un nivel político partidista cuando realmente no debería ser así. Yo creo que nuestros representantes tendrían que mirar por el bien de todos los ciudadanos sin centrarse en las promesas electorales. Por eso, si se actualiza la Constitución, debería ser porque así lo mandan las necesidades sociales que tenemos».

Fuensanta, Irene y Iago coinciden en que, en el año de su nacimiento, los ciudadanos españoles no votaron sí o no a la Constitución: «En realidad, se votó democracia o dictadura, no se votó el contenido. Yo creo que apostaron por el sí sin saber exactamente qué decía por completo la Constitución. Porque allí lo que había era miedo a un golpe de Estado. Además, creo que nuestros padres tampoco tenían los medios suficientes para conocer por completo qué decía el texto», apunta Irene. Fran muestra su desacuerdo y cree que «sí decidieron sobre el texto», aunque cuando se deja patente que los ciudadanos de entonces «tampoco tenían otra alternativa sobre la mesa», guarda silencio. Todos coinciden, sin embargo, con Iago cuando afirma que, en contra de todo pronóstico, «tuvo mucho mérito porque para su elaboración se puso de acuerdo gente de muy diferente ideología».

El tiempo ha pasado y ellos continúan sintiéndose representados por la Carta Magna con la que nacieron, pero se conocen muy pocos artículos y entre todos apenas son capaces de enumerar unos seis derechos, entre fundamentales y principios rectores. «También es cierto que en la educación pública no nos la han enseñado nunca», apunta Irene. Iago la apoya; para él, «la Constitución es algo que está ahí, pero que no conozco en profundidad. Sabes que existe y cuando alguien te habla de algún artículo puedes razonar o discutir sobre él, pero ya está. Sabes que es muy bonita, pero que hay cosas que no pueden ser reales, como el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, o incluso la separación de poderes, que no está bien ejecutada».

De los contenidos que sí recuerdan de la Carta Magna, el que trata sobre educación es uno de los que más tiempo ocupa sobre la mesa: «Incluso ese derecho está en entredicho, porque hay matrículas universitarias que son tremendas de lo caras que son. Además, creo que la educación ha empeorado mucho en los últimos cuarenta años. Me parece muy triste que yo haya estudiado una carrera en la que se exigía un nivel muy alto y que, actualmente, estén tan extendidas algunas carreras que el nivel de los estudios se adapta a los alumnos para escupir a la calle gente muy poco formada», se atreve a decir Iago.

La conversación continúa y en algunos momentos se cruzan las fronteras entre el debate constitucional y el político. Ninguno podría asegurar al cien por cien si el problema está en la Carta Magna o en el desarrollo de las leyes que se sustentan en ella. Sin embargo, tienen clara su postura en los temas que más controversia social pueden suscitar. Por ejemplo, todos le dan un sí rotundo a la monarquía y al Rey como jefe de Estado, pero «vigilando mucho sus actividades y limitando sus privilegios»; o de igual forma, en ningún caso admitirían la autodeterminación como un derecho, «porque en España no hay pueblos oprimidos y la capacidad de autogobierno de las autonomías es muy grande».

 

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