Espíritu de consenso

La Constitución está a la altura de las vigentes en las democracias más avanzadas, aun cuando requiera cambios puntuales

JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZPresidente del Consejo Económico y Social (CES)

La conmemoración de los cuarenta años transcurridos desde que se aprobó la Constitución Española es una ocasión propicia para la reflexión, que me hace ser consciente de cuánto he cambiado y cuánto ha cambiado nuestra sociedad. Aunque mis hijos tal vez no lo comprendan, porque cuatro décadas es mucho tiempo, casi sin darme cuenta he pasado de joven veinteañero implicado en la conquista de una sociedad democrática, plural, abierta y solidaria, a abuelo sesentón que sigue comprometido, a través de la actividad profesional e institucional que desempeño, con la defensa de esos valores y en procurar una sociedad mejor para ellos y mis nietos.

Con las luces y sombras propias de cualquier proceso histórico, los aspectos positivos prevalecen. El primero y primordial, la llegada de la democracia. Actualmente, quizá no se valora suficientemente lo que supuso pasar de un modelo dictatorial y autárquico a otro democrático a partir del ordenamiento jurídico preexistente. Pese a las enormes dificultades del entorno político, con sobresaltos e intentos de reversión, la transición encauzó un modelo de convivencia homologable al de los países democráticos europeos.

La Constitución de 1978 nos abre la puerta de la entonces Comunidad Económica Europea, determinante en el importante salto económico y de bienestar que experimenta el país. Reconoce derechos y libertades fundamentales. Implanta un modelo de descentralización política que culmina en un estado autonómico con rasgos casi federales. Configura un nuevo marco de relaciones laborales estructurado en torno a los sindicatos y las asociaciones empresariales, otorgando derechos esenciales como los de libertad de sindicación, huelga y negociación colectiva. Y sienta las bases del Estado de bienestar social, por citar algunas cuestiones de especial trascendencia.

Por mi edad, no necesito acudir a una batería de indicadores socioeconómicos para valorar los adelantos de la sociedad en estos 40 años. El aumento de la renta per cápita, el crecimiento de la esperanza de vida, el desplome de la mortalidad infantil, también de las tasas de analfabetismo, las mejoras en educación, sanidad y atención a los colectivos más desfavorecidos... sin perjuicio de que ha habido una sucesión de fases económicas buenas y malas que individualmente han podido repercutir de forma muy diferente en las familias, sobre todo tras la última y profunda crisis.

La Constitución ha contribuido al progreso de la sociedad española y está a la altura de los textos vigentes en las democracias más avanzadas, aun cuando requiera cambios puntuales. No creo que se le deban atribuir los problemas trascendentales que afectan actualmente a la calidad de vida de los ciudadanos: desempleo, precariedad laboral, incertidumbre sobre el futuro del sistema de bienestar social, inestabilidad del modelo de descentralización territorial... Ahora bien, sería deseable que la reforma constitucional, si se emprende, contara con la generosidad y el espíritu de consenso de los políticos que entonces hicieron posibles hitos tan importantes como su aprobación por una mayoría muy amplia, o, meses antes, los Pactos de la Moncloa, decisivos para el éxito de la Transición política porque permitieron superar una crisis económica enormemente grave.

 

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