Un escudo frente a los extremismos

Ante la redondez de la efeméride podría embargarnos un sentimiento entusiástico: «de pertenencia a la Patria», claman los convencidos, o de celebración de que este país ha sido capaz de afrontar los peligros más diversos

El Rey Juan Carlos sanciona la Constitución. Fue el 27 de diciembre de 1978, en el Congreso, en presencia de la Reina Sofía, del Príncipe Felipe y de Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes./EFE
El Rey Juan Carlos sanciona la Constitución. Fue el 27 de diciembre de 1978, en el Congreso, en presencia de la Reina Sofía, del Príncipe Felipe y de Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes. / EFE
Manuel Madrid
MANUEL MADRID

De todo hace ya cuarenta años y, pese a los rasguños producidos en este cabalgar de décadas a la conquista de derechos, el escudo de nuestras libertades no presenta deformidades. Está entero, totalmente de actualidad y con sus facultades inalteradas. La Constitución Española, prodigio de un tiempo de concordia tras la época del ordeno y mando, no disimula la edad. En su frontis y en su cuerpo -es ley de vida- advertimos arrugas y estrías, blancuras, marcas de bregaduras, y los más variopintos achaques, como cualquier ser que evoluciona desde la nada y alcanza la teórica madurez.

Ante la redondez de la cifra podría embargarnos un sentimiento entusiástico: «de pertenencia a la Patria», claman los más convencidos, o de celebración de cómo este viejo país ha sido capaz de hacer frente a lo tortuoso y degradante, al abuso de poder, al terror en múltiples variedades, al extremismo ideológico, a la violación y la discriminación... peligros que cualquier individuo, en toda sociedad, podría seguir enumerando, probablemente, hasta el infinito. Porque una Carta Magna es más que una proclamación de voluntades o una simple enunciación de los derechos y obligaciones que ha de regir un Estado para promover el bien de sus habitantes. Es, en realidad, el amparo seguro frente a la extralimitación, la desprotección o la irresponsabilidad más flagrante. Es el pase para vivir la democracia con afán de inclusión, sin complejos.

La Historia tiene una habilidad desconcertante para invertir el orden de las cosas y para provocar drásticos golpes de timón sobre el rumbo marcado. Para un pueblo como el español, tan dado a convertir en tragedia sus eternas contradicciones internas, la Constitución ha servido para frenar en seco cada intento de virar hacia los bordes, para contener los amagos de transgresión. Estamos ante «la Ley fundamental del Estado, con rango superior al resto de leyes, y define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, y delimita los poderes e instituciones de la organización política», abrevia la Real Academia.

Para un pueblo como el español, tan dado a convertir en tragedia sus contradicciones, la Carta Magna sirve para frenar los intentos de virar hacia los bordes

La Constitución ayuda a corregir desmanes y despistes, es competente para enmendar manotazos y funciona para poner en su sitio a todos esos atrevidos que adoran jugar con fuego. Ahora, en el ocaso de esta segunda década del siglo XXI, cuando casi nada escapa a conjeturas y polémicas, nos preguntamos cómo hemos podido mantener en un pedestal valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo ideológico. La respuesta está, también, en este código fruto del consenso político -y refrendado por los españoles de entonces-, que fija los principios rectores de nuestra sociedad y del que la Región de Murcia se ha beneficiado, hondamente, durante este periodo, haciendo suyas todas sus oportunas apelaciones a la solidaridad interterritorial y a la cohesión social.

Por mucho que permanezca vivo el recuerdo de la guerra y sus desprecios, hoy se apela hasta graciosamente a las garantías constitucionales, al conjunto de derechos que se reconoce a la ciudadanía, dando la impresión de que fuera una obsoleta carta llena de deseos, cuando, en realidad, sigue siendo, hasta que se demuestre lo contrario, el sostén de un pueblo, con sus aspiraciones y preocupaciones.

«Toca otra vez viejo perdedor / haces que me sienta bien / es tan triste la noche que tu canción / sabe a derrota y a miel», decía 'El hombre del piano' en la voz de Ana Belén [originalmente 'Piano Man', canción interpretada por el cantante estadounidense Billy Joel en 1973]. De algún modo, también la Constitución es la mejor canción que podía sonar en aquellos tiempos de la Transición, y así, en su composición original, quedaron plasmadas las bases de eso que fue llamado Estado de Derecho. Altos compromisos expresados sucintamente en el Preámbulo que dibujaban una sociedad con anhelos duraderos de paz y libertad. «El imperio de la ley como expresión de la voluntad popular»; «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones»; «Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo»; «Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida»; «Establecer una sociedad democrática avanzada»; «Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra». El tiempo ha confirmado las divergencias entre la teoría y la práctica, entre lo que son los deberes y el grado de cumplimiento real de los mismos. Está claro que parece tiempo insuficiente para verlos cumplidos, pero esas son nobles aspiraciones para una nación con personalidades dispares.

Firma del informe del proyecto de la Constitución. Los encargados de la ponencia constitucional: Manuel Fraga Iribarne, Miquel Roca Junyent, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros (presidente de la ponencia), José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Jordi Solé Tura.
Firma del informe del proyecto de la Constitución. Los encargados de la ponencia constitucional: Manuel Fraga Iribarne, Miquel Roca Junyent, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros (presidente de la ponencia), José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Jordi Solé Tura. / EFE

Lo que uno puede esperar de la Constitución es mucho más de lo que podría llegar a enumerar a viva voz. Es, por ahora, el ámbito donde está expresada la capacidad de iniciativa de los territorios, a través de las comunidades autónomas y sus Estatutos de Autonomía, y sus regímenes competenciales, indispensables para una correcta organización institucional. Todas las administraciones del Estado tienen su reflejo en esta ley suprema de la que no escapan ni las fuerzas armadas ni el sistema monetario a regir ni los servicios básicos o las obligaciones tributarias... Es un texto abarcador, sin duda, porque tiene en cuenta ampliamente todas las sensibilidades para fijar los cimientos de una España sólida. Esa es la España de hoy, que no es otra que la heredera natural de todas las Españas anteriores, con sus bondades y sus desesperos. Eminentes palabras habitan en todos sus capítulos y hacen grandes sus principios: igualdad, equilibrio, estabilidad, equiparación, interés general... Y son los individuos los destinatarios de un mensaje que ha superado avatares y debates enconadísimos, y tantas amenazas de romper el orden constitucional. Aunque la ley, por ahora, ha salido victoriosa. Esa frase tan escuchada a jueces y ministros -especialmente como respuesta a los intentos de secesionismo en Cataluña-, «dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», no es un eslogan oportuno, sino la firme convicción de que la ley que sirvió en los años 70 para proyectar un país empobrecido aún es válida hoy en una España que es infinitamente más moderna que aquella, pero igual de inocente a veces, y tanto o más necesitada de amparo como entonces. Por eso esta Constitución vale, en esencia.

En ella estamos también los murcianos y murcianas, a todos los efectos, sin ser más que nadie ni menos que el resto, con todas las de la ley sancionada por el Rey Juan Carlos I en diciembre de 1978, con la curiosidad innata del entonces príncipe heredero [hoy Felipe VI]. Murcia, asomada al mar de este país de Sanchos y Quijotes, «dentro de la indisoluble unidad de España», como reza en su Estatuto, encaja en este esquema con sus precariedades y contrariedades, sin voluntad de perder ese hilo fino que nos vincula al resto de territorios y con los que compartimos los mismos ideales. La libertad como fin, la vida como derecho intocable. De todos los artículos de la Constitución española, que en este especial se verán resaltados por periodistas y colaboradores de 'La Verdad', es preciso destacar, si hubiera que elegir uno, el número 20, el que hace mención al derecho que nos concede a todos los españoles la Constitución a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En el ejercicio de nuestras libertades, este es un artículo irremplazable. Porque gracias a ello queda garantizada la posibilidad de que fluya, sin cortapisas (y dentro de la ley), una materia tan sensible, y tan despreciada a veces, como la información.

 

Fotos

Vídeos