Un desarrollo desigual

Las políticas de austeridad de las últimas décadas han antepuesto los intereses económicos a los de las personas, provocando retrocesos en lo laboral y en libertades

SANTIAGO NAVARRO MESEGUERSecretario general de CC OO en la Región de Murcia

La Constitución ha resistido los envites y vapuleos a la que ha sido sometida a lo largo de sus 40 años de vida, castigo provocado por los gobiernos de turno (leyes represivas, 'Corcuera' o la 'ley mordaza'), judicaturas (demasiadas sentencias controvertidas) y organizaciones políticas condenadas por corrupción. España es un país con una estructura compleja, donde las libertades se entienden de manera diferente en cada lugar, en función de la cultura y educación recibida. Aun así, esta ha aguantado bien durante estos 40 años.

Para las personas trabajadoras, la Constitución ha permitido un desarrollo de sus derechos en un primer momento (ET de 1980), en la medida que fueron pasando los años, con cada crisis, el gobierno de turno aprovechaba para reducir estos de manera intensa con las consiguientes reformas laborales. Las políticas de austeridad de las últimas décadas han antepuesto los intereses económicos a los de las personas, provocando retrocesos en lo laboral y en libertades. En la actualidad, más de trescientos trabajadores y trabajadoras están o han estado encausados por participar en las dos últimas huelgas generales en 2012.

La Constitución ha ido deteriorándose en el valor de sus principios; se define España como un Estado social y democrático de Derecho, proclama la indisoluble unidad de la nación española, proclama la libertad de sindicatos y empresarios para desarrollar sus intereses económicos y sociales que le son propios, o dispone que los poderes públicos son los garantes de mantener las libertades y los derechos de los individuos (todo cuestionable en la actualidad). Establece las garantías de las libertades y de los derechos fundamentales en su artículo 14, una misión que la Constitución Española se esfuerza por establecer y que, a menudo, los responsables de garantizar ese contenido no lo consiguen, o no están a la altura a la que nuestra Constitución les obliga.

La división de poderes y la imparcialidad de los jueces están muy cuestionados. Decisiones entre otras como las últimas sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra o el propio Tribunal Constitucional, con el Estatuto catalán, aprobado en el Parlamento de Cataluña y en el de España, además de ser ratificado por la sociedad catalana, han generado una sensación de inseguridad jurídica a una buena parte de la sociedad.

Este recorrido, aun con altibajos, podemos decir que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país, a pesar de que este ha visto incumplir de manera sistemática derechos promulgados tales como el derecho al trabajo o el derecho a una vivienda digna (convirtiéndoles en derechos de segunda). Eso sí, ha garantizado la convivencia y un grado de libertad importante entre los ciudadanos de este país.

Por reflexión y por constatación, sin duda, después de 40 años, nuestra Constitución necesita una ITV importante. Es necesaria una revisión de su articulado, de manera que se adapte a una realidad social muy diferente a la que teníamos en 1978 recién acabada la dictadura.

 

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