Cuarenta años después

JUAN-RAMÓN CALEROAbogado y exdiputado en el Congreso

El 20 de diciembre de 1973, sobre las nueve de la mañana, ETA asesinó al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. En Madrid era un día lluvioso y frío. La noticia del crimen sembró la inquietud en toda España. ¿Qué va a pasar?, nos preguntábamos. Había quedado con un compañero en viajar juntos a Murcia, en su Seat 850, para pasar las vacaciones de Navidad. Cuando llegué al colegio mayor en el que vivíamos, me esperaba en un estado de excitación nerviosa que me pareció entonces excesiva. Su madre le había telefoneado para que regresara a Murcia cuanto antes, porque le dijo que «aquello era como el asesinato de Calvo Sotelo». ¿Era nuestro destino repetir los errores del pasado?

Cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco, rebrotó la inquietud: ¿seríamos capaces de evitar el enfrentamiento? ¿Cómo conseguir que se entendieran los partidarios del continuismo con los del cambio? Enseguida fue evidente que Carlos Arias Navarro no era el presidente de Gobierno adecuado para impulsar el cambio político. Por eso se consideró un acierto que el Rey D. Juan Carlos lo destituyera. El nombramiento como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez González suscitó cierta controversia. Por un lado, como su último cargo había sido el de Ministro Secretario General del Movimiento, se entendió que esto tranquilizaría a los defensores de la continuidad del régimen franquista, que eran muchos. Pero, por otro, se sobreentendía que por su juventud y audacia sabría aceptar las indicaciones para el cambio. Lo cierto es que Suárez logró sacar adelante la Ley de Reforma Política, que, en síntesis, significaba dos cosas: la autodisolución de las Cortes orgánicas del franquismo y la convocatoria de elecciones generales. El Gobierno y el Rey vivieron todavía momentos muy tensos. Le he oído contar a D. Juan Carlos que uno de los episodios más difíciles ocurrió el Viernes Santo de 1977, cuando el Gobierno legalizó el PCE. Costó mucho que aceptasen esta realidad los que se consideraban vencedores de la Guerra Civil.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 ni se convocaron ni se desarrollaron como constituyentes. El debate de fondo era o ruptura o reforma. Pero se dio por supuesto que ni una cosa ni otra se podrían conseguir sin un nuevo texto constitucional. Y así se creó la ponencia encargada de redactar el proyecto. Los españoles de entonces seguimos con mucho interés el debate político, que trascendía a los medios de comunicación. Los ponentes eran todos personas con formación jurídica y solvencia intelectual. Pero en la trastienda estaban el señor Abril Martorell, ilustre ingeniero agrónomo, y Alfonso Guerra, que creo que era ingeniero técnico.

No había ninguna duda sobre la aspiración de que España se convirtiera en un Estado social y democrático de Derecho. Ni sobre los principios y valores que fundamentan toda democracia. Tampoco hubo discrepancias sustanciales sobre los derechos y libertades de los seres humanos, ni sobre sus garantías legales y judiciales. Las dudas, sin embargo, se multiplicaron en lo relativo a la descentralización territorial del poder político. A muchos no nos gustó que el artículo segundo se refiriese a las nacionalidades como entidades diferenciadas de la Nación española. Ni nos gustó la estructuración competencial del Título VIII. Sin embargo, de cara al referéndum para la aprobación de la Constitución, hice campaña para pedir el voto favorable.

Hoy día, cuarenta años después, creo que fue un acierto aprobar la Constitución. Sin embargo, también creo que las dudas sobre la descentralización territorial que algunos entonces nos planteábamos, el tiempo y los acontecimientos han demostrado que estaban fundadas.

 

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