Convivencia democrática

Quedaba plasmado en papel, como testimonio escrito fundamental, la ilusión de millones de españoles que respaldaron la Transición política que condujo del anterior régimen a una democracia parlamentaria que nos acercaba al contexto europeo.

En este marco, en concreto el 29 de junio de 1977, se constituyó la Confederación Empresarial Nacional, CEOE. Muy pocos meses después formaban parte de ella 400 delegados de 89 organizaciones territoriales y sectoriales que representaban a más de 800.000 empresarios, que aprobaron los Estatutos y los órganos de Gobierno.

Habrían de darse otros hitos posteriores que consolidaron el asociacionismo empresarial. De un lado, la participación de CEOE en los denominados Pactos de La Moncloa, que reformaron la Seguridad Social, fijaron las bases en materia salarial e implantaron un sistema fiscal moderno, entre otras cuestiones. De otro, el inicio de la Concertación Social en 1979. Un año más tarde se firmó el Acuerdo Básico Interconfederal entre CEOE y el sindicato UGT. que propició la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en una época en la que se contabilizaban en España más de 170 millones de horas de trabajo perdidas por huelgas.

Por otra parte, la creación de la gran confederación nacional fue el germen del surgimiento de las organizaciones territoriales. La murciana, Croem, se creó el 26 de mayo de 1978. En colaboración con su organización madre, nuestra confederación ha sido un agente fundamental en la consolidación de la democracia y en el asentamiento de un modelo económico que ha traído empleo y prosperidad y donde los empresarios han encontrado el apoyo necesario para defender sus legítimos intereses.

Croem y la Constitución Española comparten por tanto efeméride. Son cuarenta años de contribución al Estado del bienestar y de afianzamiento del diálogo y el consenso como señas de identidad de la convivencia democrática y herramientas imprescindibles para el entendimiento.

Es la Constitución la que amparó la creación de las autonomías y también la que frena cualquier intento de superar los límites de las legítimas capacidades de autogobierno que ostenta cada territorio. Alterar la paz alcanzada va en contra de la estabilidad de España como nación y además provoca incertidumbres en el espacio económico y empresarial que nadie quiere, ya que amenaza la estabilidad, la inversión y la competitividad frente a nuestros socios europeos.