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Que la Constitución me ampare

Opinión ·

José Méndez

Miércoles, 5 de diciembre 2018, 22:01

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En diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución Española, deseé que tuviera una larga vida. Y eso porque, además de los derechos y libertades públicas, se creaba un estado autonómico con el que se pretendía resolver para siempre los problemas de los nacionalismos vasco y catalán, al devolverles la autonomía que les había concedido la Segunda República. Además, la Constitución aportaba la creación de un Consejo General del Poder Judicial que gobernaría a los jueces y tribunales dejando al margen al Gobierno en la gestión judicial. Se crearía además un Tribunal Constitucional que transformaría las diferencias políticas en asépticos asuntos jurídicos, y los resolvería poco tiempo después, una vez enfriados.

¿Cómo estamos hoy cuarenta años depués?

Creo que en una situación más que difícil con corrupción descarada, descrédito de los políticos, desapego de los ciudadanos... En fin, como decía el Zabalita de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió España?

Han sido muchos los autores que han defendido la necesidad de reformas estructurales y de fondo en la Constitución. César Molinas, Jaime Lamo de Espinosa, Manuel Marín, Germán Fernández Farreres, son partidarios de ello. Igual ocurre con Gregorio Marañón, Alfredo Pérez Rubalcaba o Francesc de Carreras, entre otros.

En fin, salvo Adela Cortina, quien considera que reformar la Constitución no nos llevará a superar la crisis, me he fijado en una gran mayoría de autores partidarios de cambiarla.

Centrándonos en la idea de reorganizar el territorio, pienso que se debe hacer en clave federal con una reforma pactada, para responder al desafío autonómico

La Constitución de 1978 sirvió, es cierto, y aposté por ella, como tantos otros en ese tiempo. Se han mantenido las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos, y hemos entrado en Europa. Además, el artículo 155 ha evitado disparates autonómicos; la moción de censura ha permitido un cambio de Gobierno; la ley electoral ha dado estabilidad; el Tribunal Constitucional ha evitado excesos de poder de los secretarios generales de los partidos.

Centrándonos exclusivamente en la idea de reorganizar el territorio, pienso que se debe hacer en clave federal con una reforma pactada, para responder al desafío autonómico. Me sumo a la idea de Roberto L. Blanco Valdés, en su reciente libro 'Luz tras las tinieblas', de que en España no tenemos un problema territorial, sino dos: el primero es el deficiente funcionamiento del Estado autonómico y el segundo la enorme voracidad y las interminables exigencias de los nacionalistas vascos y catalanes.

Los nacionalistas vascos insisten en un Estatuto sobre una base confederal, al margen de la Constitución. Por su parte, los nacionalistas catalanes son decididamente separatistas. El problema es: ¿cómo se pueden hacer estas reformas cuando no existe acuerdo entre los políticos?

Y la pregunta que se hace un ciudadano es: ¿qué puedo hacer cuando no tengo más 'arma' que mi voto? Es mi caso. Así es que me planteo: ¿emigrar?, ¿darme de baja del censo de españoles, como dice un amigo mío que le ha solicitado al Rey?, ¿irme al exilio interior y retirarme a leer a un pueblo de la costa mediterránea?

Que la Constitución me ampare...

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