Se hace camino al andar

ANTONIO GÓMEZ FAYRÉNPresidente del Consejo Jurídico de la Región

Si la Constitución de 1978 cambió la vida de todos los españoles, en mayor medida lo hizo con quienes somos profesionales del Derecho. En el caso particular de quien esto escribe. Además, la incidencia fue superior al ser todavía, en ese año, un jurista en ciernes, con la carrera casi recién terminada y en pleno proceso de preparación de oposiciones al Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado.

Es fácil de comprender que para la composición de los temas no era lo mismo estudiar los caducos Recurso de Contrafuero y las Leyes Fundamentales del Reino, que los modernos y futuristas (así nos parecían) Recurso de Amparo y Tribunal Constitucional. En aquellos años los opositores teníamos que estar permanentemente adaptando y modificando el temario. Pero junto a esa preocupación anidaba otra no menor, que era la del ciudadano, consciente de que vivía un momento político y social de carácter histórico, que podía colocar a España en la onda de la modernidad de la que había quedado algo desplazada. Aquel momento, tanto el del ciudadano como el de la etapa vital de un opositor, se recuerda como un tiempo de ilusión y esperanza en el que nos representábamos en nuestra mente como meta alcanzable una realidad próxima plagada de éxitos, bondades y progreso. No se trataba de meros deseos, ni de la simple espera de lo que pudiera ocurrir, ya que existía consciencia de que la obtención de tales resultados requería un arduo esfuerzo.

La Constitución es el cimiento sobre el que se eleva el edificio de la normalidad política

Y aunque la certeza de la esperanza nunca es completa, transcurridos 40 años y volviendo la vista atrás, tengo que decir que aquellas expectativas resultaron colmadas, sin que esta afirmación peque de optimismo exagerado, ya que tiene sólidos fundamentos.

Así, desde un punto de vista jurídico-administrativo, se plasmó al máximo nivel la idea de que el ciudadano no es un ser pasivo ante los poderes públicos, sino que es titular de derechos, comenzando por los fundamentales, y actor a la hora de defenderlos en vía administrativa y judicial. Este logro, ya adelantado por la doctrina administrativista en los años 60 del pasado siglo, ha pasado a convertirse en pieza fundamental del sistema, siendo prueba de ello la tasa de litigiosidad española, que no sería posible si se menoscabara el acceso a la defensa de los derechos.

Pero desde la óptica político-social, la Constitución de 1978 es meta y punto de partida, hito excepcional en nuestra historia. Es meta porque cerró las consecuencias del proceso bélico del que derivó el régimen franquista, hecho que debería valorarse con más rigor por las jóvenes generaciones. Pero, si ello es trascendente, más lo es que aparece como el soporte que permite percibir un futuro en el que persista como normal la capacidad de elección, personal y colectiva, de todos los españoles.

Es decir, frente a la constante anormalidad de la sociedad española a lo largo de todo el siglo XIX y primera mitad del XX, la Constitución es el cimiento sobre el que se eleva el edificio de la normalidad política, que es el gran fin social.

Todo ello es un gran logro colectivo que no se debe desperdiciar y a partir del cual se debe trabajar para mejorar la vida ciudadana, dejando atrás la España de charanga y pandereta para que aparezca y se instale la España del cincel y de la maza que alboree fuerza e ideas y, por fin, demos la razón a nuestro Antonio Machado.

 

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