Añoranzas constitucionales

Nuestra Carta Magna contiene los principios y valores necesarios para seguir unidos pacíficamente en un proyecto común y solidario

ALBERTO GARREExpresidente de la Comunidad

El 15 de junio de 1977 España celebró sus primeras elecciones democráticas desde 1936. Presidí, por designación de la Junta Electoral, la mesa de mi pueblo, Balsicas (Torre Pacheco). Tenía 25 años y acababa de licenciarme en Derecho.

Prestaba mi primer servicio público a España y a la democracia. Constaté la alegría de mis vecinos, y mientras se introducían en las urnas las papeletas de los electores, recordé la frase que don Rodrigo Fernández Carvajal, catedrático de Derecho Político, solía repetir en clase: «El contacto existencial con la política nos aproxima mucho más a la realidad que la especulación acerca de ella». Mi pueblo, España entera, nacía a la realidad política democrática.

Hoy, los ciudadanos saben que la España constitucional como nación indisoluble, no solo es un territorio donde conviven más de 46 millones de personas: también, y sobre todo, es un marco pacífico de convivencia y reencuentro colectivo de españoles deseosos de erradicar definitivamente las trágicas situaciones históricas padecidas.

Esto tiene un valor que supera las distintas ideologías, las camufladas expectativas del derecho a decidir y las falsas naciones que al margen de la historia y de la ley puedan pretenderse.

Algunos deberían repasar nuestra historia legislativa constituyente, y recordar que dos de los siete redactores del proyecto de Constitución eran catalanes, Jordi Solé Tura y Miguel Roca Junyent, y que fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por el 87,87% de los votantes españoles, porcentaje superado en Cataluña hasta el 90,46%.

Fue sancionada por Don Juan Carlos I ante las Cortes Generales el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE al siguiente día, hace ahora 40 años.

El pueblo catalán nunca se sintió incómodo en España, otra cosa es la frustración de sus últimos gobiernos ante la negativa del Estado a reconocer las consultas de autodeterminación sin cauce legal que las ampare.

Sería deseable, además, que el Gobierno de la nación, sea del color que sea, termine de una vez con los privilegios a ciertos territorios del Estado en etapas recientes de despilfarro económico y subasta de competencias.

Originar dudas acerca del principio de solidaridad constitucional, base de la España de las autonomías que, según datos del CIS, sigue contando, y en aumento, con el apoyo de los españoles, tampoco es deseable, ni las disputas sobre la titularidad de las aguas del país, las desigualdades sociales que constatamos y la injusta distribución de la riqueza. Estos problemas no son producto del sistema constitucional sino de las malas prácticas de ciertos gobernantes.

Don Rodrigo tenía razón. Hoy, mi dilatado contacto existencial con la política a la que el profesor hacía referencia, me ratifica en la apreciación de que hay que distinguir entre la bondad de las ideas y la maldad de algunos hombres.

Afortunadamente, nuestra Constitución contiene los principios y valores necesarios para seguir unidos pacíficamente en un proyecto común y solidario, y un poder judicial profesional e independiente, con excepciones, para tutelarlo.

 

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