Preparados para averiarse

«Llevamos 17 años investigando sobre este tema y, aunque es complicado determinar si un producto tiene obsolescencia programada, sí se puede demostrar que se diseñan y fabrican así». Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), asegura que ya en la fase del diseño los fabricantes determinan que no puedan ser adaptables a las actualizaciones.

«Ponen componentes intradimensionados para que esos aparatos se ralenticen en su funcionamiento o se estropeen e inutilicen el resto de los componentes eléctricos», sentencia.

El experto asegura que estas prácticas se dan en todos los aparatos electrónicos, pero «resulta escandaloso en los 'smartphones', donde es más sencillo actuar sobre el software».

En Francia la obsolescencia programada está penada y castigada por ley. Pero no ocurre lo mismo ni en España ni en la Unión Europea. La Comisión ha desarrollado una iniciativa legal que obligará a los fabricantes, a partir de 2020, a informar de para cuánto tiempo real ha sido fabricado un dispositivo y cuál sería su coste de reparación. Pero es una norma que no contempla sanciones.

Una práctica económica

«Hay prácticas de obsolescencia programada que son ilegales, otras que podrían ser delito y otras que simplemente responden al funcionamiento del mercado», considera Rubén Sánchez, portavoz de Facua. «Podemos entender que no se fabrique un frigorífico con los mejores materiales y una garantía de 50 años, pero otra cosa es introducir una manipulación interesada para que la gente se vea obligada a renovar un producto al cabo de equis años».

Sin embargo, Facua sí considera que ciertos casos (como el reciente de Apple, que ha reconocido ralentizar sus modelos iPhone antiguos) pueden ser constitutivos de delitos tanto informáticos como para los consumidores. De ahí que haya instado a la Fiscalía a investigar los hechos y que haya interpuesto una demanda ante la Comisión Europea. ¿Debe prohibirse por ley como en Francia? «Se puede mejorar la legislación para evitar este tipo de prácticas», apunta Sánchez, «pero no puedes prohibirla, porque antes hay que definir qué es la obsolescencia programada y en qué casos es legal y en cuáles no».

En cualquier caso, el portavoz de Facua considera que revisando códigos civiles y penales actuales en ciertos casos (como éste de Apple) sí se puede actuar en contra de estas prácticas y solicitar también el resarcimiento a los consumidores.

El problema de la obsolescencia programada no es algo nuevo, sino que data de los años 30 del siglo pasado. «Cuando se produjo el crac del 29, en Estados Unidos se decidió acortar la vida útil de los productos para fabricar las mismas cosas y mover la economía», rememora Muros.

Sin embargo, esta medida tiene (más allá de posibles consideraciones éticas) problemas y consecuencias relacionados con el calentamiento global y el agotamiento de los recursos y de la materia prima, así como «la acumulación de riqueza en pocas manos, una generación de residuos que se envían al tercer mundo (sobre todo África) y desigualdad y paro». Según Feniss, cada español se gasta entre 50.000 y 60.000 euros a lo largo de su vida en renovar productos por culpa de la obsolescencia programada.