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Noventa dependientes mueren cada día sin recibir atención alguna por los recortes

Empleada de un Centro de Día de Alicante atiende a una paciente.
Empleada de un Centro de Día de Alicante atiende a una paciente. / R.C.
  • La principal asociación de gerentes de servicios sociales exige al Gobierno que inyecte 450 millones adicionales en 2017 para evitar el colapso del sistema

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Los recortes por valor de 3.772 millones de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy ha realizado desde 2012 en la atención a la dependencia han dejado muy debilitado el sistema, sostenido a duras penas por el sobresfuerzo financiero de las comunidades autónomas, y lo conducen a una situación de colapso si el Ejecutivo central no rectifica y aporta desde ya al menos el 50% de la financiación publica que le exige la ley.

Esta es la principal conclusión a la que llega el dictamen realizado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, un foro impulsado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha radiografiado la famélica situación del sistema, justo una década después de que fuese puesto en marcha por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que apunta como síntoma evidente de su decadencia que 90 dependientes mueren cada día en España sin recibir la ayuda y atención a la que el Estado se comprometió con ellos .

El estudio denuncia que, de hecho, uno de cada tres dependendientes, el 29% de los 1,2 millones de españoles reconocidos oficialmente como tal, no recibe prestación o servicio alguno del sistema porque aún siguen a la espera de que las administraciones tengan los recursos para atenderle. Lo más grave, destacá José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio, es que 122.000 de estos 348.309 dependientes oficialmente desatendidos son personas con limitaciones severas o grandes dependientes.

El resultado de la enorme lista de espera es que, desde los recortes de 2012, en España han muerto 150.000 dependientes sin que nunca hayan recibido una ayuda o una asistencia específica de los poderes públicos desde que fueron acreditados. Ramírez tiene claro que este es un drama que va a continuar salvo que el Ejecutivo central reaccione porque el 50% de todos los dependientes oficiales, que en sus dos terceras partes son mujeres, tienen más de 80 años. Explica que con los recursos públicos actuales, que solo permiten incorporar cada año a unos 65.000 nuevos beneficiarios de prestaciones, el sistema puede tardar un mínimo de cinco años en absorber al tercio que está en lista de espera. Eso, matiza, siempre que no haya un aumento de beneficiarios, cosa que ocurrirá, no solo por el envejecimiento paulatino de la población sino también porque a día de hoy hay 103.000 solicitantes en espera de valoración.

El Observatorio considera que es "crucial" y "absolutamente inaplazable" que el PP, y con él el Gobierno de Rajoy, se sume al compromisó que el resto de partidos ya rubricó en el Congreso el pasado 14 de diciembre, un pacto de Estado para salvar la ley de dependencia. La medida más urgente del acuerdo es que el Ejecutivo incluya en los Presupuestos de 2017 al menos 450 millones adicionales. El objetivo es que aporte el 50% de los recursos públicos anuales del sistema, como le obliga la ley, cosa que ahora no hace, pues solo pone el 18% y las comunidades autónomas, que van camino de la asfixia, el 82%. De hecho, las familias, que mediante el copago ponen anualmente el 20% de los recursos del sistema, aportan más que el Gobierno.

Plan de choque

La segunda gran medida es que Ejecutivo y comunidades autónomas pacten un plan de choque, con un presupuesto de unos 2.600 millones de euros anuales, para que los 350.000 dependendientes en espera reciban atención y ayuda en un máximo de dos años. Ramírez tiene calculado que este plan crearía unos 90.000 puestos de trabajo directos y que el Estado recuperaría casi la mitad de la gastado vía ahorros, impuestos y cotizaciones sociales.

El pacto rubricado en diciembre por todos los partidos salvo el PP también incluía negociar un sistema de financiación estable y suficiente de la dependencia, integrado dentro de la nueva financiación autonómica, cosa que ya estudia, por acuerdo de la reciente Conferencia de Presidentes, una comisión de expertos. Por último, el documento exigía que el Estado vuelva a pagar a las más de 170.000 mujeres que cuidan a familiares dependientes en España la Seguridad Social, cosa que se hizo hasta los recortes de 2012, y que supondría otros 350 millones anuales.

El dictamen del Observatorio extiende la radiografía del sistema a cada una de las comunidades, donde encuentra notables diferencias. Tras analizar 14 aspectos de la aplicación de la ley, llega a la conclusión que solo Castilla y León y La Rioja pueden recibir un notable. Por contra, nueve autonomías suspenden en su desarrollo de la dependencia. En el grupo están Asturias, Cataluña, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y, la peor de todas, Canarias. Las siete restantes se mueven entre el aprobado y la cercanía al notable.