Hará ya casi un mes, más de 600 científicos, 17 sociedades científicas y 100 ONG españolas publicaron un manifiesto en contra de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para modificar la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Finalmente, la propuesta fue tomada en consideración con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Foro Asturias, por lo que la reforma legislativa se concretará mediante enmiendas parciales en la Comisión de Medio Ambiente. La modificación de la Ley abre la posibilidad de suspender procedimientos de catalogación e incluso eliminar especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras cuando exista un interés público de primer orden, tanto de índole social como económico. Además, para aquellas especies objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético introducidas en el medio natural antes de la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, antes del año 2007, se permitirá su pesca o caza como medida de gestión, control o posible erradicación.

No es una decisión baladí la tomada en el Congreso de los Diputados, ya que las especies exóticas invasoras suponen un problema mundial de primer orden por el impacto que producen sobre la biodiversidad nativa y por considerarse una amenaza grave para la agronomía y los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.

Lamentablemente, con esta reforma se ha primado el interés particular de ciertas actividades económicas como los sectores cinegético y piscícola en contra del criterio científico. Y es que algunas de las especies que se pretende 'indultar' son objeto de caza y pesca a lo largo y ancho de nuestra geografía, como por ejemplo la carpa, el black-bass, la trucha arco-iris, el cangrejo rojo y el arruí. Todas ellas se ha demostrado científicamente que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, siendo particularmente pernicioso el efecto de las especies acuáticas sobre los ecosistemas dulceacuícolas, ya que, una vez establecidas, su erradicación resulta imposible en muchas ocasiones.

Es evidente que la lucha contra ciertas especies invasoras puede acarrear problemas socioeconómicos de diversa consideración, debido a que algunas de ellas son objeto de explotación comercial. No obstante, de la legalidad actualmente vigente se desprende que se podrían haber compatibilizado ambos intereses en el marco de los planes de control de dichas especies. La simple aplicación de las directrices e instrumentos previstos en la legislación y planificación estratégica española valdrían para actuar de forma efectiva en este sentido. Ahora solo queda esperar que el Ministerio competente en la materia asuma sus competencias y responsabilidades, fijando unas normas generales de gestión de las especies exóticas invasoras y estableciendo, en cooperación con las comunidades autónomas, las estrategias y planes de gestión para estas.

Los presupuestos públicos dedicados a este asunto, actualmente ínfimos o inexistentes en demasiadas ocasiones, deberían dotar de recursos y medios a las administraciones competentes en función de las necesidades de gestión de cada región, así como vincularlos con la cantidad y calidad de los recursos a proteger y manejar.

El patrimonio natural es patrimonio de todos y se merece la máxima atención y cuidado por parte de las administraciones públicas y de la ciudadanía.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos