Sobre cortijos y cortijeros

Este título evocará a lectores de 'Nuestra Tierra' tiempos en los que existían en las tierras de España grandes terratenientes dueños de sus cortijos, de grandes latifundios y de las personas que en ellos habitaban. O tal vez recuerden la novela de Miguel Delibes 'Los Santos Inocentes' y la película de título homónimo que mostraban con crudeza el poder de las élites sobre los campesinos de los territorios de sus haciendas.

Pero no, aquí no vamos a hablar de latifundistas. En realidad trataremos someramente de una tipología de señorito contemporáneo, llamado por el pueblo llano cortijero, trabajador de algunas administraciones públicas, que hace y deshace a su antojo, con sentido patrimonial de lo que es de todos (público) y sin control real por parte de sus superiores.

En este caso, y por suerte son pocos, se trata de funcionarios, principalmente a nivel local, con competencias en medio ambiente. El fenómeno se da sobre todo en algunos municipios medianos y pequeños de la Región, aunque no es el único ámbito donde se produce. Se aprovechan sin pudor de la actitud laxa de gobernantes poco cualificados o simplemente acomodados, para hacer y deshacer en lo público a su antojo, eso sí, amparados por la normativa vigente, habiendo hecho de sus competencias su cortijo. En ocasiones, su asesoramiento técnico al político de turno, que es quien realmente debería decidir, podría estar mediatizado por simpatías o fobias personales, por ideología o intereses privados, forzando decisiones desde el espacio público que no siempre benefician al bien común, pero sí a intereses particulares o al deseo de unos pocos.

Un ejemplo simple: imaginen una asociación o un particular con una iniciativa que presenta en un ayuntamiento en busca de apoyo municipal, ya que podría ser beneficiosa para el medio ambiente; en este caso, un técnico adscrito al área en cuestión podría, si así lo estima, condicionar la decisión a favor o en contra del interesado por razones totalmente arbitrarias y, en algunos casos, injustas por falta de filtros y transparencia legalmente regulada sobre la información pública. En ciertos casos, no es descartable que la decisión se adopte porque perjudica a grupos de presión más o menos ligados al funcionario en cuestión.

Hay políticos que rehuyen el enfrentamiento con estos funcionarios, conocedores de sus relaciones con organizaciones ambientalistas, porque puede acarrear como consecuencia ataques en medios.

En este escenario, les resulta beneficioso que asociaciones ambientalistas y, en general, la población responsabilicen casi siempre a los políticos de los muchos males, aunque sea un simple resultado de criterios técnicos pero sancionados y rubricados por el político, y que conste, no intentamos rebajar la responsabilidad de estos.

¿La solución? Es difícil, porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, pero más transparencia ayudaría bastante. Si gobernantes con arrojo y ganas fuesen capaces de abordar el problema, de tomar decisiones no mediatizadas y no limitarse solo a firmar, en ocasiones sin leer, tal vez el efecto se paliaría. Igualmente, si los administrados que demandasen algún trámite ambiental tomasen conciencia de su fuerza y de la necesidad de cambiar ciertos hábitos en las Administraciones públicas, igual podrían exigir que se tomasen decisiones ágiles, justas e igualitarias, evitando que los asuntos de palacio fuesen tan despacio o que ni siquiera sean valorados.

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