Imputan a un empresario agrícola por ocupar el dominio público pecuario

Vallado de la finca agrícola que ha cortado y ocupado la Colada del Camino de Alicante./EEA
Vallado de la finca agrícola que ha cortado y ocupado la Colada del Camino de Alicante. / EEA

Un juzgado de Cieza le cita por un presunto delito de ocupación del territorio, recogido en el Código Penal, sobre la Colada del Camino de Alicante

Pepa García
PEPA GARCÍA

«Es la primera vez que la Fiscalía interviene en un procedimiento de ocupación del dominio público pecuario», destacan desde Ecologistas en Acción, organización conservacionista muy implicada en la defensa de las vías pecuarias, que ha presentado más de medio centenar de denuncias administrativas ante la Consejería de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el ayuntamiento afectado en cada caso con resultados poco alentadores. Sin embargo esta vez, se felicitan, se personan como acusación particular después de que la Fiscalía acusara al empresario agrícola F. F. S. de un presunto delito contra la «ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 319.1 y 3 del Código Penal».

Tras la instrucción de las diligencias previas y con las pruebas recabadas, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza acaba de citar a declarar como imputado a F. F. S. por cortar el paso y ocupar la vía pecuaria Colada del Camino de Alicante, a su paso por el término de Fortuna y en las inmediaciones del Espacio Protegido del Ajauque y Rambla Salada. El empresario agrícola reconoció su responsabilidad cuando, el 9 de mayo pasado, recibió la sanción administrativa de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que comportaba una multa de 1.228,37 euros y el «deber de restaurar el terreno a su estado anterior a la realización de los hechos», lo que implicaba la retirada del vallado y de los cultivos intensivos de la citada vía pecuaria, para lo cual disponía de tres meses de plazo.

Ahora, sumadas a las responsabilidades civiles, la ocupación y corte indebidos de la vía pecuaria podría acarrear al empresario agrícola titular de la finca de Fortuna una sanción por la vía penal, si así lo estima el juez en su sentencia. Antes tendrá que presentarse a declarar en el juzgado ciezano. El 'castigo' que, en caso de ser declarado culpable, podría resultar ejemplarizante y contribuir a la defensa del singular dominio público que son las redes de vías pecuarias en el territorio peninsular.

«Es la primera vez que la Fiscalía interviene en un procedimiento de este tipo», destacan desde Ecologistas en Acción

No obstante, desde Ecologistas en Acción no perciben este juicio como una vía para resolver los conflictos que durante el último medio siglo han surgido en torno a la ocupación, usurpación y deterioro de las vías pecuarias. «Precisa y lamentablemente es síntoma de lo contrario. Hasta que no ha intervenido la Fiscalía, las Administraciones no han actuado de manera seria en el asunto como es su obligación, ya que son las responsables de defender el patrimonio colectivo que es la red de vías pecuarias nacionales», se lamentan desde la ONG.

Otras irregularidades

Ahora y tras el atestado instruido por el Seprona de Abarán, Ecologistas en Acción estudia la posibilidad de ampliar su denuncia de acusación contra este empresario, ya que, en las conclusiones de su informe, el Seprona recoge que el vallado perimetral llevado a cabo ha constituido, además, otras irregularidades adicionales. Así, cita «el corte de la carretera del IRYDA, propiedad del Ayuntamiento de Fortuna, la ocupación de 69.629 m2 aproximadamente de la parcela 9022 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la realización de obras en suelo no urbanizable con distintas capas de protección según el PGMO de Fortuna; la realización de obras y el cultivo de árboles frutales dentro de los límites de la ZEPA Humedal del Ajauque y Rambla Salada; y la usurpación de los terrenos de dominio públicos referidos para transformarlos en propiedad privada de uso mercantil».

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