Eclipse normativo y resignación autonómica. 'Quousque tandem?'

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PÉREZPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ANPIER

Durante los últimos meses, he recorrido todas las comunidades autónomas para alertar a consejeros y presidentes autonómicos de la necesidad de impulsar un nuevo modelo energético que, además de renovable, sea social y justo. He compartido con ellos datos elocuentes, que detallan y cuantifican cómo el sol se puede transformar en riqueza para las familias y los territorios, si lográramos, entre todos, acabar con el eclipse normativo que mantiene un modelo de generación obsoleto y contaminante, que, además, recauda la práctica totalidad de los ingresos del sector energético para un 'selecto' grupo de empresas.

Las tecnologías renovables y, en especial, la fotovoltaica ya están absolutamente maduras para producir energía a precios desconocidos hasta ahora y sin efectos perniciosos para la salud y el entorno; gracias, en buena medida, al esfuerzo de las miles de familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron su bienes para alcanzar esta meta.

Sin embargo, la normativa que regula el sector eléctrico mantiene una medida obsolescencia, que ralentiza la implantación de instalaciones renovables en cualquiera de sus tecnologías y modalidades. Es la normativa la que decide qué fuentes de generación tienen prioridad y en qué manos estarán las futuras instalaciones. De esta manera, asistimos, impotentes, a una transición energética que trata de estirar la amortización de los activos de generación fósil de las empresas tradicionales y ordenar un futuro modelo energético que, efectivamente, será renovable; pero que se mantendrá en régimen de oligopolio. Cuando el verdadero potencial de las renovables está en que, además de evitar los escenarios más devastadores del cambio climático, permite convertir sol y viento en fuentes de generación socializadas.

Sin embargo, las administraciones autonómicas se encuentras desprovistas de competencias para articular normativas que dinamicen el necesario cambio de modelo energético y han de conformarse con lo que el Gobierno central impone, guste o no. Hasta ahora, los ciudadanos hemos vivido de espaldas a la energía, desconociendo los verdaderos costes y las consecuencias negativas de las fuentes y tecnologías tradicionales de producción; dando por válidas las tarifas que hemos soportado en cada una de las facturas. Hemos sido meros paganos sumidos en una ignorancia inducida de la que empezamos a despertar para demandar a nuestros gobernantes transparencia y gestión; sin embargo, hasta ahora, las instancias administrativas más cercanas, las comunidades autónomas, frente a los datos contundentes y ante la evidencia de soportar un marco normativo inadecuado e injusto, solo han podido ofrecernos palabras de comprensión y miradas resignadas.

Sol para producir energía tenemos en España y, singularmente, en Murcia; este recurso inagotable es una gran oportunidad para mejorar las rentas familiares, incrementar la competitividad de nuestras empresas y elevar el PIB de nuestra Región. Dado que la únicas barreras son normativas, aquellas que unas letras erigen en un BOE, las que deciden cómo se produce nuestra energía y determinan quiénes se benefician de las rentas millonarias que se derivan de esta actividad, es tarea urgente que nuestros gobernantes autonómicos pugnen por regulaciones justas para sus administrados, se tengan o no competencias normativas, porque si no se actúa con celeridad, llegaremos tarde y seguiremos resignados durante décadas, a la espera de un nuevo cambio del paradigma tecnológico, que ofrezca una nueva oportunidad de democratizar la generación de energía; pero que nosotros ya no conoceremos.

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