La Verdad

El abandono de un patrimonio único y singular

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Un pastor lleva a su ganado a beber agua al abrevadero de Fuente Caputa, en Mula. / Jesús J. López MOreno

  • Asociaciones y ONG reclaman a la Comunidad la protección de la red de vías pecuarias y denuncian su inacción pese a estar obligada por ley

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Hay 2.750 kilómetros lineales, unas 7.400 hectáreas del territorio, que pertenecen a todos los murcianos», asegura Antonio Contreras de Vera, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) y amante defensor de las vías pecuarias. Heredados del Honrado Concejo de la Mesta de Pastores que se creó bajo el reinado de Alfonso X El Sabio en 1273, este territorio pertenece a la red de vías pecuarias de la Región, que son de dominio público y cuya titularidad ostenta la Comunidad Autónoma desde que en la década de los años ochenta se constituyó la Autonomía. «Es un patrimonio único a nivel mundial, que debemos a los privilegios reales concedidos a los ganaderos desde la Baja Edad Media y que luego ampliaron los Reyes Católicos», explica con entusiasmo Contreras, promotor del debate y mesa redonda sobre vías pecuarias celebrado hace poco más de un mes y organizado por el grupo de investigación de Sanidad de Rumiantes de la UMU. «Isabel la Católica recaudaba más oro por los impuestos de la lana merina, la de vellón más fino, que el procedente de las Indias», ilustra Contreras, que explica que esta raza era monopolio de la Península Ibérica y que estuvo prohibida su venta para evitar que en el resto de Europa pudieran producirla. De hecho, la Península mantendría este monopolio hasta que, según algunas fuentes, Napoleón se llevó ovejas merinas de España y se extendió su cría.

Sea como fuere, al éxito de la lana merina y la carne churra debemos los españoles un patrimonio como la red de vías pecuarias que, a nivel nacional, suma un total de 138.146 kilómetros, unas 400.000 hectáreas, y que recorren la geografía de Norte a Sur y de Este a Oeste, con el único objetivo de permitir durante siglos la movilidad de las cabañas ganaderas en busca de pastos disponibles con los que alimentarlas tanto en verano como en invierno.

Hoy, este patrimonio está en peligro, pese a estar protegido por la ley. Estudios de la Fundación para la Ecología y Protección del Medio Ambiente aseguran que se han perdido ya irremediablemente 40.000 kilómetros en toda la Península, el 32% del total.

«Las vías pecuarias se las están quedando los particulares, al no defenderlas la sociedad», clama Contreras y asegura que, como explicó el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, durante el debate, algunas infracciones contra estos itinerarios ganaderos de dominio público, como usurpaciones -apropiaciones del terreno- y daños tienen trascendencia penal, al atentar contra el dominio público. «La usurpación de un dominio público es uno de los delitos más graves que hay, puede llevar aparejada hasta penas de cárcel, es como robar la costa, una carretera o un aeropuerto», puntualizan desde Ecologistas en Acción, una de las ONG que más lucha y ha luchado por la defensa de las vías pecuarias.

Sin embargo, se quejan las organizaciones ciudadanas que trabajan para protegerlas, las agresiones que sufre esta red de comunicaciones pública son constantes y frente a ello se encuentran «un panorama de dejadez por parte de la Administración, aunque sea su obligación», apunta Héctor Quijada, de Ecologistas en Acción. Y, destaca que, paradójicamente, «la Administración es responsable de muchas de estas agresiones». Sobre estas vías se construyen numerosas carreteras, se instalan líneas eléctricas o conducciones de agua. Y detalla uno de los casos más recientes, contra el que presentaron una denuncia ante la Comunidad: «La A-33 de Blanca a Jumilla se denunció porque ocupaba una vía pecuaria y no se hizo ni modificación de trazado ni deslinde. Nunca nos han dado contestación desde la Consejería ni actúan para defender las vías pecuarias», apunta Quijada, que asegura que Carreteras tiene a este respecto «una política de hechos consumados».

También se producen usurpaciones por parte de particulares, que van ampliando su terreno y estrechando las vías pecuarias o, directamente, transforman el territorio con la creación de nuevos regadíos y vallan los terrenos impidiendo el paso, o construyendo urbanizaciones. Igualmente, se producen roturaciones de las cañadas, veredas, cordeles o ramales; o, simplemente, el abandono -desde los años 70 no hay ganados trashumantes que recorran largas distancias- han impulsado su deterioro y convertido estas vías en vertederos o escombreras, van denunciando desde la Asociación de Vecinos de La Alberca (AVLA). «Prácticamente no se han corregido los problemas de ocupación», explica Quijada, y añade que, no obstante, «lo mejor es denunciar para que conste».

Responsabilidad adquirida

Pese a que, como reconoce Justo García Rodríguez, jefe del Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural y uno de los autores del Plan de Actuación de la Red de Vías Pecuarias de la Región de Murcia 2016-2020, «la protección de las vías pecuarias, mediante el deslinde, el amojonamiento y la señalización es una obligación legal y no cuestión de voluntad desde la aprobación de la ley de Vías Pecuarias del Estado en 1995», Quijada considera «lamentable que no se hace absolutamente nada» y la responsabilidad recae en la voluntad de asociaciones y personas preocupadas por las vías pecuarias, que deben denunciar las constantes agresiones que sufren.

Desde Ecologistas en Acción insisten en que, «en la Administración, hay un miedo atávico a enfrentarse con los propietarios colindantes, le huyen a los conflictos y, en los casos en los que han actuado, los procesos son tan largos que en cuanto cambia el responsable del servicio, el proceso se muere», cuenta Vives. Y recuerda el caso de la urbanización Condado de Alhama, cuyo proyecto ocupaba parte de la Vereda Coquela. «La Consejería advirtió en el estudio de impacto ambiental de la existencia de la vereda y que había que respetarla o modificar el trazado. La promotora propuso un cambio de trazado, pero, después de 10 años y de que la promotora dejara un aval al ayuntamiento para resolverlo, el trazado no se ha modificado, ni se han hecho los deslindes, y la vereda se ha urbanizado», detalla.

Para Vives, el desarrollo de los planes urbanísticos ha sido una oportunidad perdida para empezar a atajar el problema de este patrimonio cultural y natural de incalculable valor, ya que, asegura, todos los planes generales de ordenación urbana incluyen las vías pecuarias y las zonas protegidas. Sin embargo, lamenta, «en la práctica, los ayuntamientos no cumplen las restricciones y no actúan en caso de incumplimiento», vuelve a insistir.

Fruto de todo esto, la situación de las vías pecuarias continúa igual o peor que en los años 80. Un informe realizado por el área de Medio Natural de Ecologistas en Acción a nivel nacional, sitúa la Región de Murcia a la cola de las Comunidades que han puesto en marcha medidas para proteger las vías pecuarias, junto con Cataluña. Hilario Villalvilla afirma que «el interés de la Región por estos caminos de dominio público ocupa el último puesto», y cifra en un 1% las vías deslindadas y en un 0,83% las amojonadas; eso sí, un 74,5% son las vías pecuarias que están clasificadas. «En el caso de Murcia, creemos que nunca van a elaborar norma alguna, en todo caso, regularán algunos aspectos que no molesten mucho a los que roban las vías pecuarias de este territorio histórico», opina.

Una nueva oportunidad

A este respecto, el Plan de Actuación de la Red de Vías Pecuarias de la Región de Murcia 2016-2020, aprobado y publicado en el BORM el año pasado y dotado con 1,5 millones procedentes del Programa de Desarrollo Rural, contempla para este año la aprobación del Reglamento de Vías Pecuarias. Y, aunque el borrador está ya redactado, no se sabe cuándo continuarán los trámites para su aprobación definitiva, admiten desde la Subdirección General de Política Forestal. Según el cronograma elaborado para los cuatro años de vigencia del plan, este año está prevista la revisión de los proyectos de clasificación de 8 municipios y de 5 más que están declarados exentos de vías pecuarias. «El primer paso es la clasificación y es necesario que sean precisas, además de comprobar la documentación en la que se basan, por eso hay que revisarlas», apunta Justo García. Sin embargo, asegura, para 2017 está previsto abordar, de momento, solo la realización de las clasificaciones de Caravaca y Cieza.

Este plan es una nueva oportunidad para defender esta red viaria que, además de permitir su uso a la cabaña ganadera regional -Contreras estima que son unas 400.000 cabezas de ovino segureño de 1.000 explotaciones-, tienen un enorme potencial económico (a través del ecoturismo) y un importante valor ecológico como corredores para enlazar la distintas zonas protegidas de la Región e incluidas en la Red Natura 2000. En su programación, la Consejería tiene previsto ya para este año el deslinde y amojonamiento de 5 vías pecuarias, pero, reconoce García, «es un trabajo complicado, laborioso e ingrato que, al carecer de las clasificaciones definitivas y con las coordenadas bien definidas, dificulta la lucha contra las inscripciones registradas ilegalmente o las ocupaciones consolidadas. Abordamos el plan con ganas, pero no podemos garantizar los resultados», asegura cuando se le pregunta cuándo se iniciarán los imprescindibles deslindes para garantizar su protección.

Por su parte, quienes defienden a capa y espada este patrimonio natural y cultural, como la Asociación de Vecinos de la Alberca (AVLA), que estos días recorren la Cañada Real de Torreagüera para inventariar agresiones contra ella y que demandaron a la Consejería su deslinde para evitar que la urbanización Montevida se la comiera, se plantean seriamente denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente las usurpaciones y daños que sufre la red de vías pecuarias para intentar que sea la justicia la que proteja lo que la Comunidad Autónoma y la mayor parte de la sociedad no hemos sabido defender hasta la fecha.