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Propiedad y conservación

JOSÉ LUIS DURÁN SÁNCHEZ. ABOGADO Y RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE LA CÁTEDRA INTERNACIONAL DE RSC DE LA UCAM

Martes, 20 de diciembre 2016, 23:44

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Una de las frases más recurrentes de los propietarios de fincas ante las exigencias ambientales de la Administración es la que afirma que «el propietario es quien mejor puede conservar su propia finca». No les falta razón.

Ciertamente, para la conservación de buena parte de los activos ambientales de cualquier territorio no basta la mera inacción, sino que requiere de la mano del hombre. Ello implica la presencia humana en el territorio, un adecuado cultivo de la tierra y, en general, un manejo agroforestal capaz de buscar todas las sinergias posibles con los objetivos de conservación. Nadie puede más fácilmente que un propietario lograr a bajo coste mejoras duraderas sobre la biodiversidad de su propia finca.

Además de la vinculación al cumplimiento de las obligaciones legales y al logro de beneficios, muchos dueños tienen una vinculación afectiva con un territorio, muchas veces heredado, que guarda una estrecha relación con su identidad como seres humanos. Ello hace que, más allá del mero cálculo utilitarista, existan numerosos propietarios que también estimen los valores no directamente explotables de su finca, como puede ser la riqueza o singularidad de las especies o de los paisajes que albergan.

Esta realidad está siendo tenida en cuenta en nuestra Región a través del fomento del uso de la custodia del territorio como técnica de conservación de la naturaleza. Esta técnica no implica la negación de las obligaciones establecidas por las leyes o los distintos instrumentos de planificación ambiental, que son un presupuesto de su aplicación, sino que supone ir un paso más allá de lo que es una obligación para buscar voluntariamente una mejora ambiental de las fincas a través de la colaboración sincera entre propietarios, grupos conservacionistas y Administración pública.

El logro de esa mejora ambiental se articula a través de un acuerdo, denominado acuerdo de custodia del territorio, y que busca alcanzar una mejora ambiental modificando determinadas prácticas agrarias.

Ahora que en nuestra Región se hace más evidente que nunca la necesidad de conciliar los intereses agrarios con los de la preservación de la naturaleza, quizá sea también momento de buscar alianzas público-privadas capaces de generar cambios en la manera en la que se enfoca la solución de los problemas.

En este sentido, debemos tener en cuenta que una de las dimensiones esenciales de la responsabilidad corporativa de las empresas es la ambiental y que, en ella, pueden encontrar cabida numerosas prácticas agrarias capaces de producir efectos muy beneficiosos sobre la conservación de nuestro entorno.

Es necesario fomentar herramientas que permitan el intercambio de posiciones e ideas entre todos los grupos de interés que sean capaces de encontrar sinergias y ofrecer soluciones novedosas a los más acuciantes problemas ambientales.

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