Infracción del Derecho de Competencia

Hace ya algo más de dos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció su intención de comenzar a aplicar el artículo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia y sancionar (con multas de hasta 60.000 euros) a aquellos representantes legales o directivos que hubiesen intervenido, en nombre de la empresa, en acuerdos contrarios al Derecho de la Competencia

Han sido varias las ocasiones en las que la CNMC ha impuesto este tipo de multas. La última de ella, en su Resolución de 3 de mayo de 2018 en el Expte. S/0584/16 Agencias de Medios, en la que ha multado a tres de los directivos o representantes legales de las cinco empresas implicadas en un cártel de intercambio de información comercial sensible para repartirse adjudicaciones de contratos de publicidad institucional.

Son dos los requisitos que han de concurrir en la persona física para que pueda surgir esta responsabilidad, de conformidad con la Ley de Defensa de la Competencia: (i) su condición de representante legal u órgano directivo de la empresa y (ii) su intervención en la conducta sancionada. Tales requisitos han ido perfilándose en las sucesivas Resoluciones que ha ido dictando el Consejo de la CNMC, si bien el grado de amplitud de la definición continúa siendo muy importante.

Así, por lo que se refiere a la condición de 'directivo', la CNMC ha venido considerando que los son todas aquellas personas que tienen capacidad para comprometer con su actuación a las personas jurídicas para las cuales prestan servicios y en las cuales tienen encomendadas funciones de especial responsabilidad -impartiendo instrucciones y participando activamente en la gestión y dirección de las empresas- las cuales desempeñaban con autonomía. Por su parte, la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 14 de septiembre de 2017, ha aclarado que órgano directivo de una persona jurídica es «cualquiera de los que la integran que pudiera adoptar decisiones que marquen, condicionen o dirijan, en definitiva, su actuación».

Por lo que respecta a su intervención en la conducta constitutiva del ilícito, el Consejo ha venido entendiendo que concurre cuando ha existido una participación directa en el diseño, impulso, coordinación y supervisión de la conducta infractora.

En cuanto al importe de la sanción, la Ley de Defensa de la Competencia únicamente establece un máximo, pero no contempla un sistema de graduación de estas multas. En sus resoluciones, el Consejo ha acudido a criterios como la gravedad y demás rasgos característicos de la infracción (criterios que también se tienen en cuenta para determinar el tipo sancionador aplicable para determinar la multa impuesta a la propia empresa), así como la duración de la participación de cada directivo y el nivel jerárquico de su puesto dentro de la organización, atendiendo a su capacidad de decisión y nivel de autonomía. Las multas impuestas han variado desde apenas mil euros a 40.000, por ejemplo en el caso de esta última resolución.

Así pues, el grado de discrecionalidad del Consejo, especialmente a la hora de determinar el importe de la sanción, sigue siendo muy elevado, y no existen criterios objetivos para conocer por qué la CNMC ha incoado ciertos expedientes frente a directivos, y otros no.

Con independencia del importe de la multa, la cual se impone personalmente al representante legal o directivo, y no a la empresa, quizás la sanción más dura para estas personas físicas es la publicación y difusión de su identidad, con nombres y apellidos, pues los mismos aparecen no solo en las versiones públicas de las resoluciones sancionadoras sino en las propias notas de prensa publicadas por la CNMC, de las que suelen hacerse eco diferentes medios de prensa de alcance nacional.

Esta medida, con la que pretende disuadirse a quienes ostentan funciones de dirección dentro de la empresa de participar en acuerdos contrarios a las normas de competencia, se enmarca en el especial impulso a la lucha contra los cárteles que la CNMC viene protagonizando en los últimos tiempos y que está llevando a un incremento exponencial del número de cárteles desmantelados y del importe de las sanciones impuestas.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos