Zoido relega a Trapero a un puesto administrativo sin capacidad operativa

Josep Lluis Trapero./Javier Barbancho (Reuters)
Josep Lluis Trapero. / Javier Barbancho (Reuters)

Interior le clasifica como ‘major A’ para mandarle a un despacho burocrático sin poder de impartir órdenes

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

El Ministerio del Interior arrumba a Josep Lluís Trapero en un despacho. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido le ha comunicado hoy que, ante la posibilidad técnica de quitarle el grado de ‘major’ (clase B) que ostentaba, será destinado a un puesto de ‘major’, pero de clase A (categoría inferior). Se trata de un rango de reciente creación en los Mossos d’ Esquadra, que en la práctica le relegará a funciones “meramente administrativas”, sin “ningún tipo de capacidad operativa” ni de poder de impartir órdenes, según explicaron fuentes gubernamentales.

De hecho, Trapero será destinado a la comisaría de Travessera de les Corts, en Barcelona, que la sede del Área Básica Policial (ABP), que alberga los servicios burocráticos básicos de investigación y seguridad ciudadana. El nuevo ‘major A’ solo se ocupará de dirigir el papeleo y la logística central de cuerpo, precisaron estas fuentes.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, que finalmente ha descartado abrirle un expediente disciplinario por falta muy grave por su imputación en un delito de sedición en el sumario abierto por la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, ha decido, no obstante, que el mando debe estar alejado de cualquier órgano de decisión, en tanto en cuanto no se aclare su futuro procesal.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que el apartamiento temporal del poder quien fuera el máximo responsable policial de los Mossos hasta el pasado 28 de octubre tras la aplicación del artículo 155 era un trámite ineludible después de su imputación penal por un ilícito tan grave.

Trapero, que desde su destitución como jefe del cuerpo ha estado de vacaciones y centrado en preparar su defensa judicial y que no se ha dejado apenas ver, está imputado por los hechos ocurrido el 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Ese día, y en el marco de la ‘operación Anubis’ para impedir el referéndum del 1-O, una quincena de guardias civiles y una secretaria judicial quedaron atrapados en la sede de la Consejería de Economía cuando practicaban un registro, ya que una muchedumbre rodeó el edificio y vandalizó los vehículos policiales. Los funcionarios no pudieron abandonar la sede hasta la madrugada siguiente ya que –entiende Lamela- Trapero desoyó las continuas peticiones de auxilio de la comisión judicial.

Por aquel asedio también fueron imputados y enviados a prisión los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Posteriormente, la magistrada amplió la investigación al 1-O e imputó y mandó a la cárcel, ya por rebelión, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a parte del cesado Gobierno de Carles Puigdemont.

Desde el 28 de octubre, el comisario Ferran López, dirige el cuerpo autonómico, mientras que Trapero seguía como comisario de los Mossos, sin que el Ministerio del Interior le hubiera asignado función alguna.

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