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El portavoz del Gobierno y ministro de Educación,Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Efe

El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la ley de desconexión catalana

El Ejecutivo argumenta que tras la «moderación» de sus actuaciones está el ánimo de no alentar la confrontación y sí un «clima de concordia cívica»

Nuria Vega

Madrid

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Viernes, 8 de septiembre 2017, 14:34

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El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al presidente del Gobierno a impugnar la ley de transitoriedad cuando sea publicada de manera oficial. La Abogacía del Estado recurrirá, por lo tanto, la norma que establece el cauce para proclamar la república de Cataluña y que fue aprobada ayer en el Parlamento catalán. Un texto que, denuncia el Ejecutivo, persigue la ruptura total y absoluta con el orden establecido. “Nos sorprende -ha ironizado el ministro portavoz- que no recoja el derecho a decidir”.

Es la séptima actuación del Gobierno ante los tribunales en las últimas 48 horas. Los recursos e incidentes de ejecución de sentencia que se han promovido persiguen dejar en suspenso las leyes de desconexión, momento a partir del cual todo acto encaminado a la celebración del referéndum deberá ser impedido o paralizado.

Bruselas reitera que una Catalunya independiente quedaría fuera de la U

La Comisión Europea ha reiterado este viernes que una Catalunya independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea y que, si aspirara a ser parte del bloque, debería iniciar un proceso formal de adhesión.

"Un territorio que sale de uno de nuestros Estados miembro signatarios del Tratado de Adhesión debe reintroducir una petición de adhesión como candidato, y todos los procedimientos se le aplican", ha resumido el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Schinas ha subrayado que la posición de Bruselas respecto de una región que se independiza de un Estado miembro "es de sobra conocida y no ha cambiado desde 2004", en referencia a la línea marcada por el entonces presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi.

Los jefes del Ejecutivo comunitario que le han seguido, primero José Manuel Durao Barroso y ahora Jean-Claude Juncker, han mantenido la 'doctrina Prodi' como posición respecto a situaciones como la de Cataluña o Escocia.

"No vamos a repetir cada día la misma posición que es de sobra conocida", ha replicado el portavoz, al ser preguntado por la falta de un mensaje claro tras lo ocurrido los últimos días en Catalunya.

Tampoco ha querido aclarar cuál es la opinión del presidente Juncker sobre el proceso soberanista en Catalunya y ha eludido responder a la pregunta de si está preocupado por ello.

El jefe del Ejecutivo comunitario mantiene estos días contactos con diversos jefes de Estado y de Gobierno europeos para preparar su próximo discurso sobre el Estado de la UE, aunque por el momento su agenda no contempla una llamada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha indicado su portavoz.

En línea con el argumento empleado ayer por Mariano Rajoy en su declaración institucional en la Moncloa, Íñigo Méndez de Vigo ha defendido la “moderación” y “proporcionalidad” con la que procede el Gobierno, con el objetivo de no alentar la confrontación y sí un “clima de concordia cívica”.

Advertencia a los voluntarios

El Gobierno, que ayer envió una carta a los ayuntamientos advirtiendo sobre la cesión de locales para la consulta, ha instado a los voluntarios a ser conscientes de que la organización del referéndum también es un acto ilegal. “Los ciudadanos no necesitan ninguna comunicación, nos está escuchando ahora y leen a los medios de comunicación y lo saben. Por tanto, el que participe o colabore en un referéndum ilegal lo sabe (…) y tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace”, ha avisado Méndez de Vigo.

Esto, ha aclarado, no afectaría a quienes, en caso de celebrarse la consulta, acudiesen a votar. Eso sí, ha emplazado a los ciudadanos a evitar episodios violentos a partir de ahora. “El Gobierno conoce a la sociedad catalana, sabe que siempre se ha caracterizado por su pluralismo y moderación -ha ensalzado-; por tanto es la sociedad catalana la que tiene que rechazar que los extremistas y los violentos promuevan ese tipo de altercados en las calles, no solamente no seguirlos, sino rechazarlos”.

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