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La juez Mercedes Alaya.
La juez Alaya abre una nueva macrocausa contra la Junta de Andalucía por ayudas irregulares

La juez Alaya abre una nueva macrocausa contra la Junta de Andalucía por ayudas irregulares

Imputa a la antigua cúpula de la consejería de Innovación por prevaricación y malversación

cecilia cuerdo

Viernes, 27 de febrero 2015, 09:53

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La juez Mercedes Alaya extiende el cerco sobre la política de ayudas a empresas de la Junta de Andalucía. En un nuevo auto dictado el pasado 24 de febrero la juez impulsa una nueva macrocausa para investigar las ayudas excepcionales otorgadas por la Consejería de Innovación mediante la fórmula de avales o créditos entre 2008 y 2009. Y cita a declarar como imputados a los responsables de la consejería en esas fechas por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La decisión de Alaya se produce cuando está a punto de comenzar la campaña electoral para los comicios autonómicos, y un día antes de que la región celebre el Día de Andalucía. Según explica, la nueva causa se deriva de la investigación de los ERE, ya que muchas de las empresas beneficiarias de estas ayudas consideradas irregulares por la juez recibieron también avales o créditos de la Consejería de Innovación, lo que indiciariamente podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión. El organismo que realizaba los avales fue la Agencia Idea, el ente público investigado ya en los ERE fraudulentos por ser el la vía utilizada por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas evitando los controles de fiscalización previos.

La Junta niega que haya fraude masivo en las ayudas

  • La Junta de Andalucía ha negado que las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas en los cursos de formación supongan un "fraude masivo" y ha afirmado que el 8,5% de los expedientes tienen hoy resoluciones de reintegro firmes, cuya cantidad no ha detallado.

  • Los datos han sido ofrecidos por el titular de Educación, Luciano Alonso, durante su comparecencia en la Diputación Permanente, a petición del PP e IU, para informar sobre las presuntas irregularidades cometidas en los cursos de formación a raíz de las recientes detenciones realizadas por la Policía Nacional en la denominada 'Operación Edu'.

  • Según el consejero, del total de los 7.785 expedientes que se están tramitando en este momento, 5.568 corresponden a expedientes en requerimiento de información y reintegros en sus diferentes fases, mientras un 8,5 % de los expedientes tienen hoy resoluciones de reintegro firmes, cuya cantidad no ha detallado. Así, del total de expedientes traspasados (8.505) el 91,5 % de expedientes se está tramitando.

La juez entiende que se trataron de otra forma de ayudas excepcionales a empresas en crisis, por lo que pide a la Guardia Civil que investigue si pudo haber un menoscabo de fondos públicos ya que los avales concedidos a las empresas -unos 71 millones de euros- superaron cuatro veces el techo presupuestario de la Agencia Idea, fijado en 18 millones. Al igual que en el caso de los ERE, la herramienta utilizada para materializar los créditos o avales fueron las transferencias de financiación -cuestionadas en el caso de los ERE fraudulentos- desde la Consejería de Innovación. No es la primera vez que Alaya pone en tela de juicio el uso de este mecanismo en las distintas consejerías de la Junta, y de hecho ya ha pedido investigarlas en varios autos.

El auto de apertura de la causa apunta además a la participación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, encargado de aprobar las ayudas superiores a 1,2 millones de euros. Así, señala que en 2010 se produjo una masiva ratificación de estas ayudas aprobadas por la anterior Dirección General -por importe de 55 millones de euros- apelando a la agilidad a la hora de que llegasen a sus destinatarios. Así, desde el PP, personado en la causa como acusación popular, entienden que este dato permite intuir que la investigación se dirige de nuevo a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía: el Consejo de Gobierno, presidido hasta abril de 2009 por Manuel Chaves y con José Antonio Griñán como consejero de Economía y Hacienda y posteriormente como presidente autonómico.

La causa se encuentra aún en una fase incipiente. En este sentido, la juez ordena realizar una pericial a los peritos de la Intervención general del Estado para determinar si el Consejo de Gobierno y el Consejo Rector de la Agencia IDEA autorizaron las ayudas, y si el consejero de Hacienda tuvo conocimiento de ellas. También tendrá que determinar si la Unión Europea tuvo conocimiento de las mismas y si las empresas beneficiarias presentaron garantías suficientes para recibir el dinero público. Además, tendrán que analizar si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.

Alaya reclama diversa documentación como propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuestos de la Consejería de Innovación e IDEA, la información de los programas presupuestarios por el cual la Consejería de Innovación transfiere fondos a la Agencia para la concesión de estas ayudas de salvamento y reestructuración y las modificaciones presupuestarias que se hubieran producido para incrementar el crédito presupuestario inicial en la Consejería de Innovación.

La apertura de esta causa llega cuando el Consejo General del Poder Judicial está a punto confirmar el concurso que supone el traslado de la juez Alaya a la Audiencia provincial. Pese al ascenso, la juez anunció su intención de solicitar una prórroga para poder finalizar la instrucción de los ERE, donde todavía falta por investigar gran parte de las ayudas directas a empresas. No obstante, también tiene abierta la macrocausa de los cursos de formación, todavía en pañales y sobre la que hace unas semanas decretó el secreto de las diligencias, y varias causas relacionadas con Mercasevilla.

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