Rajoy: firmeza con la mano tendida

El presidente Rajoy, después de aprobar en consejo de ministros y de remitir al Tribunal Constitucional los recursos contra la ley de consultas y la convocatoria del referéndum de autodeterminación convocado por Artur Mas -hay que llamar a las cosas por su nombre-, apeló al diálogo "dentro de la legalidad" para resolver el contencioso, ante el que manifestó la más absoluta firmeza: todo el diálogo dentro de la ley; fuera de la ley, ninguno.

El jefe del Ejecutivo español sabe que en este viaje no sólo está acompañado por prácticamente toda la oposición -incluido el principal partido opositor, el PSOE- sino también por la sociedad española, la UE y la comunidad internacional. La causa catalana, vista con simpatía en distintos ámbitos de opinión, perdería todos sus asideros adultos en el momento en que se saliese del carril del Estado de Derecho. Y Rajoy ha querido advertir a Mas de que las presiones no harán mella en la resistencia del Gobierno: en las democracias de nuestro ámbito no es tolerable un referéndum secesionista porque las naciones culturales, de las que hay muchas en Europa en el seno de Estados mas grandes, no disfrutan del derecho de autodeterminación.

Para parar los pies a quienes puedan acusar al Gobierno de falta de voluntad de diálogo, Rajoy ha recordado a los nacionalistas catalanes que Artur Mas ha procedido todo el tiempo mediante políticas de hechos consumados. Consciente de que se adentraba en parajes extrajurídicos y de que se estaba saliendo de los límites estrictos de la Constitución, aun en su interpretación más laxa, ha proseguido con pertinacia hacia la dirección vedada, a menudo con engaños y marrullerías. Es muy difícil para el Gobierno abrir diálogos en esta tesitura, entre otras razones porque no se puede premiar la heterodoxia cuando se sale del marco constitucional, pero en todo caso conviene que prevalezca la idea, enfatizada por Rajoy, de que los problemas políticos se resuelven mediante la negociación y el pacto. Porque la democracia, después de todo, no es más que el método más sofisticado que existe de resolver incruentamente los conflictos.

A Mas le queda ya muy escaso margen: en horas, la convocatoria electoral quedará suspendida automáticamente con la aceptación a trámite de los recursos presentados. Ello debería suponer el fin de los preparativos de la consulta imposible, y su continuidad, si es que se mantiene, podría representar, además de un delito de desobediencia, otro de malversación de recursos públicos. Conviene, pues, que el presidente de la Generalitat pondere muy detenidamente los próximos pasos que piensa dar porque la ilegalidad ya no tiene retorno. Y sería en todo caso muy deseable que esta vez el error se enmendara de forma más civilizada e incruenta que en 1934, cuando la ruptura unilateral terminó en tragedia.