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Romeva, Turull, Junqueras y Puigdemont. EFE

La «hoja de ruta» del Govern, según la Guardia Civil

Sus informes indican que la Generalitat busca «un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política»; también revelan el nacimiento de un gobierno de transición en 2018 y la independencia en 2022

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Lunes, 9 de octubre 2017

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La Guardia Civil asegura que el Govern tenía una "hoja de ruta" para provocar una gran crisis social y política para conseguir la independencia. El instituto armado ha entregado un informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga por sedición al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en otros, en el que asegura que el 20 de septiembre en la operación Anubis en el registro de del domicilio particular del 'número dos' de Oriol Junqueras, Josep María Jové Lladó, halló una copia de esos planes.

En ese documento, denominado EnfoCATS, el Gobierno de Puigdemont apuesta por generar "un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar un referéndum forzado". Esa hoja de ruta establece, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, que el Gobierno de transición comenzaría a anda en septiembre de 2018 y el Gobierno de la república independiente cuatro años después, en septiembre de 2022.

La Guardia Civil, además, acusa a Trapero de "inacción flagrante" para parar el 1-O a pesar de las órdenes expresas que tenía por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es más, el instituto armado afirma que mando del cuerpo autonómico seguía órdenes de un "comité estratégico" que encabezaban Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros.

Según han confirmado fuentes de la invgestigación, el atestado de la Guardia Civil entregado a la juez Carmen Lamela que investiga por sedición, entre otros, al propio Trapero, basa sus conclusiones en abundante material, con vídeos e imágenes, que pretende demostrar cómo Trapero intentó enmascarar su desobediencia ante la orden de evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre con instrucciones que supuestamente explicaban a los agentes autonómicos la forma de actuar durante las horas anteriores a la cita electoral.

"En la práctica", según el atestado de la Guardia Civil, "lejos de cumplirse [las órdenes de Trapero] derivaron en una inacción flagrante debiendo ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que tuvieron que actuar activamente para evitar la celebración del referéndum pero con imposibilidad de disponer ni de efectivos suficientes ni de abarcar todo el territorio catalán".

"En las actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado", continua el informe, "se puso claramente de manifiesto que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías.

Para la Guardia Civil es evidente que la obstaculización "no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes sino que más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder del jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico, recuérdese, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuizart, entre otros".

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, los informes inciden particularmente en la orden que el propio Trapero dio el 29 de septiembre prohibiendo a sus subordinados el "uso de la fuerza" para el desalojo de los colegios, lo que, en la práctica, era tanto como ordenarles que procedieran a no hacer nada para sacar a la gente de los centros.

El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico junto al restos de las actuaciones enviadas a la Audiencia, asegura que los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural fueon responsables de diseñar un plan estratégico cuyo objetivo era crear un estado propio recurriendo a una eventual desconexión, y a Trapero como el "ejecutor de este plan".

Esas afirmaciones se basan en un documento que fue intervenido al secretario General de Vicepresidencia, economía y hacienda, Josep Maria Jové en su domicilio después de ser detenido el pasado 20 de septiembre. Este papel, de 15 página, "el gobierno de transición crearía un comité ejecutivo que se encargaría de diseñar un plan creíble en el que se incluiría entre otros a Josep Lluís Trapero".

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