La Verdad

Prisión sin fianza a Jordi Pujol Ferrusola

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Pujol Ferrusola, a la salida de un restaurante. / Inés Baucells I Atlas

  • De la Mata justifica el ingreso en la cárcel de 'Júnior' por su reiteración delictiva

  • El juez ve la medida «estrictamente necesaria» para la investigación tras conocer que mantiene 30 millones de euros en el extranjero

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat catalana durante 23 años, durmió ayer en la prisión madrileña de Soto del Real después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decretara su ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por Podemos apoyaron la entrada en la cárcel tras concluir su declaración de más de cuatro horas.

La caída de 'Junior', el prolífico empresario de 59 años, amante de los coche deportivos y gestor del patrimonio familiar oculto en Andorra, se consumó en el juzgado que le investiga desde finales de 2012, después de que su exnovia Victoria Álvarez -conocida por la grabación oculta realizada en el restaurante barcelonés de 'La Camarga' junto a su amiga Alicia Sánchez-Camacho, senadora del PP- reiterara su denuncia ante la Policía de que Jordi Pujol Ferrusola llevaba «maletines con dinero» a bancos del país vecino para blanquear capitales, presuntamente obtenidos de comisiones ilegales.

Así las cosas, cuatro años y cuatro meses después de que se comenzara a investigar el patrimonio del primogénito de los Pujol-Ferrusola, y en su tercera declaración en sede judicial, el instructor revocó las medidas cautelares impuestas con anterioridad y, en virtud del último informe de la Policía Judicial, consideró «estrictamente necesario» su ingreso en prisión para evitar la reiteración delictiva y la ocultación de pruebas. Esta es una de las condiciones tasadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la entrada en la cárcel de un investigado por delitos graves como son el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la falsedad documental, imputados al ayer encarcelado.

Testaferros en seis países

Según el auto de 14 páginas, el juez justifica que Pujol Ferrusola es titular de varias sociedades instrumentales que no producen valor real alguno, y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero.

Estas sociedades facturaron de forma indiciaria más de 11 millones de euros, supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, a un conjunto de empresas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos, añade el juez. «En ninguno de los casos se ha aportado el más leve indicio que justifique los trabajos. Al contrario, existen indicios de refacturaciones, de operaciones comerciales ilógicas y de supuestas intermediaciones» negadas por la otra parte, «pese a lo cual se generaron pagos y facturaciones millonarias».

Por otro lado, existen indicios de que Pujol Ferrusola utilizó entramados societarios internacionales con la «específica finalidad» de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como «distintos testaferros» que le habrían permitido disponer de cuentas corrientes en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina o Panamá, y realizar inversiones utilizando diversas compañías instrumentales.

El juez De la Mata -sustituto de Pablo Ruz, el magistrado que comenzó la instrucción- detalla en el auto que la estrategia de ocultación de bienes, que le ha valido su ingreso en prisión ayer al primogénito del Jordi Pujol, «se ha prologando hasta el día de hoy». De hecho, menciona el último informe policial que recogía una operación de préstamo a Benjamín Buzali, la donación de 558.000 euros a su hija Nuria Pujol Gironés, la operación de supuestos préstamos a Bernardo Domínguez o a la propia simulación civil de escisión patrimonial del investigado y su exposa, Mercé Gironés.

De acuerdo con la estimación policial, tomando en cuenta únicamente las operaciones que describe el referido informe, que se retrotrae a 2012, el importe mínimo del capital que el investigado mantendría fuera de España asciende a unos 30 millones de euros.