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Era una sentencia tan esperada como si fuese la única cuando realmente los juzgados españoles están saturados de procesos contra la corrupción que mantiene en la picota a tantos ciudadanos con cargos de responsabilidad. La Justicia tardó en pronunciarse sobre las acusaciones contra Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, pero finalmente lo ha hecho con unas condenas y unas absoluciones que gustarán más o menos a unos u otros pero ofrecen todos los aspectos de rigurosidad exigibles. Nadie debe quedar impune pero nadie debe ser condenado sin motivo. La sentencia llega en un momento oportuno para que sirva de ejemplo y aviso a quienes sientan tentaciones de acortar el camino para ganar dinero o para conseguir sus ambiciones secesionistas.

Tanto el contenido de la sentencia como sus precedentes, incluidos los deplorables espectáculos que rodearon las comparecencias, invitan a reflexionar: La primera y más importante conclusión es que la Justicia actúa y, aunque a veces se comporte con negligencia o se equivoque, que sus árbitros son humanos, es igual para todos. Este juicio tenía el morbo de implicar a un miembro de la Familia Real lo cual fue utilizado por algunos para dar rienda suelta a sus posiciones políticas contra la Monarquía, a otros para magnificar el proceso convirtiéndolo en un escándalo de revista de sucesos y a otros para intentar coaccionar al Tribunal a gritos e impulsos vengativos para que la sentencia fuese lo más severa posible. Hora va siendo de dejar a los jueces cumplir con su deber con tranquilidad, sin ruido alrededor, dicho sea de paso.

El contenido de la sentencia y la minuciosa argumentación que la encuadra están abiertos al análisis de los expertos, a la propia opinión pública y, finalmente, a la revisión del Tribunal Supremo si, como es previsible, los condenados la recurren: todos tiene derecho a hacerlo. España, por suerte, es un país democrático donde la Justicia, además de ser igual para todos, es plenamente garantista. De este proceso debe extraerse la convicción de que no hay leyes diferentes para unos y para otros y de que nadie puede evadirse de ellas por sus orígenes o posición personal. Algunos ven en el proceso a que fueron sometidos la infanta Cristina y su marido un argumento contra la Monarquía, como si situaciones similares o parecidas en un sistema republicano no pasasen.

Antes al contrario. Para la institución monárquica está dura prueba se ve compensada con esa imagen de respeto a las leyes que rigen la convivencia de todos que tanto el rey Juan Carlos como su sucesor vienen ofreciendo. La infanta Cristina fue apartada de sus funciones representativas en cuanto sobre ella recayeron sospechas que ahora la sentencia descarta. Desde hace años no cuenta oficialmente como parte de la Familia Real. Habrá sido muy doloroso para quienes tuvieron que tomar esta decisión, pero esa decisión demuestra -y tranquiliza- que una Jefatura del Estado de constitución monárquica no tiene privilegios ante la Ley.