La Verdad

Un mando informó del «alto riesgo» del Yak-42 un mes antes del siniestro

Lugar del accidente del avión Yakovlev 42, en las cercanías de la ciudad turca de Trebisonda.
Lugar del accidente del avión Yakovlev 42, en las cercanías de la ciudad turca de Trebisonda. / Chema Moya (Efe)
  • El Consejo de Estado valoró las quejas de un teniente coronel para concluir que se debieron tomar medidas previas

La información sobre el «alto riesgo» de volar en aparatos «fletados en países de la antigua URSS» aportada por un teniente coronel a sus superiores un mes antes del siniestro del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 mayo de 2003, ha sido determinante para que el Consejo de Estado reconociera en su dictamen que la «administración militar» sabía de antemano el «riesgo que se corría».

Las 82 páginas de la resolución del Consejo de Estado, publicado hoy en el BOE, valora la «trascendencia» del informe remitido por el teniente coronel de Infantería (se omite su identidad) en cuanto puso en conocimiento de la «administración militar» una situación susceptible de generar consecuencias perjudiciales para la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas. «Por eso llamaba, cuando menos, a una comprobación o verificación de la realidad de los hechos que comunicó», señala el documento del organismo consultivo.

Las citadas menciones del oficial llegaron el 28 de abril de 2013, 29 días antes del accidente del Yak-42 en la localidad turca de Trabzon, cuando volvía de Afganistán con destino final a Zaragoza. El teniente coronel era el jefe de de un equipo del Centro de inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra. Viajó a Kabul, capital de Afganistán, el 25 de marzo de y regresó el 5 de abril. En su informe interno sobre la comisión de reconocimiento -su cometido era instalar un software para el material de la unidad de inteligencia- expuso en un apartado las incidencias del transporte. Bajo el epígrafe 'Condiciones y propuestas' aparecen una serie de párrafos, y en octavo lugar se dice de forma textual: «Se están corriendo altos riesgos al trasportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso».

En en el cuatro párrafo también detalla la falta de anclaje de la mayoría de los contenedores que se cargaban y al pésimo estado de conservación de las ruedas, además de otras incidencias, como retrasos y falta de disposición de la tripulación.

Sobre la trascendencia de este informe se pronunció el 15 de octubre de 2015 el General Jefe de la División de Operaciones (Estado Mayor del Ejército de Tierra), a quien el instructor del Consejo de Estado le remitió una notificación para que se pronunciara. Éste, tratando de minusvalorar su impacto, dijo que las valoraciones del teniente coronel no se hicieron en un informe sobre los riesgos en el transporte del personal y fueron emitidas respecto a un vuelo específico. Asimismo, recordó que «no poseía ninguna formación o conocimiento en seguridad aeronáutica y mantenimiento de aeronaves».

Indemnizaciones

En cualquier caso, el dictamen del Consejo de Estado valora el aviso que dio del teniente coronel y recoge, además, para justificar que la «administración militar» conocía el «riesgo que corría» con estos aviones, otra comunicación de un capitán noruego a sus superiores por el mal estado de esa «chatarra» del Yak-42 . Por todo ello, se concluye que «existen, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente».

Pese a que por vez primera un órgano estatal reconoce esta causalidad a diferencia de la vía judicial, cuyo juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó la causa por la contratación del avión, el Consejo de Estado desestima las reclamaciones de las víctimas para que considerase la responsabilidad patrimonial del Estado. La razón es que ya hubo una reparación «adecuada de los daños y perjuicios ocasionados» (la Audiencia de Zaragoza resolvió 60.000 euros a la viuda o pareja de hecho del fallecido, 31.000 a cada hijo, 9.000 a los padres y 3.000 a los hermanos).

Con todos estos datos, el PSOE pidió hoy la celebración de una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, explique las previsiones del Gobierno tras el informe del Consejo de Estado. La iniciatica dirigida a la presidenta Ana Pastor fue firmada por el portavoz socialista Antonio Hernando.

De forma previa, Cospedal anunció que recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas este martes en el ministerio y que comparecería en la Comisión de Defensa de la Cámara baja para dar explicaciones, aunque ahora el PSOE quiere que sea en un pleno extraordinario.