La Verdad

El Gobierno podrá contar con recursos privados en situaciones de crisis

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Foto de familia del Gobierno actual con la incorporación de Alfonso Alonso (arriba a la derecha). / Foto: Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Europa Press

  • El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley de la Seguridad Nacional que concede al presidente la potestad de decretar situaciones “de interés para la seguridad nacional”

A los estados de alarma, excepción o sitio se les suma ahora un nuevo concepto, el de “situación de interés para la seguridad nacional”. En casos de crisis, el presidente del Gobierno podrá decretar esta figura con la que el Ejecutivo tendrá la capacidad de movilizar bienes públicos y privados para hacer frente al conflicto surgido.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Seguridad Nacional que contempla esta novedad con la que se busca, explica la vicepresidenta, “dotar al Estado de herramientas adecuadas ante nuevos riesgos y amenazas”. La iniciativa, que pasará a ser revisada por el Consejo de Estado, sale a la luz justo después de los atentados yihadistas de París contra la revista 'Charlie Hebdo', aunque estaba ya contemplada en la Estrategia de Seguridad de mayo de 2013, que avanzaba la redacción de esta norma. “Es un instrumento útil en la lucha contra el terrorismo”, ha subrayado Soraya Sáenz de Santamaría, quien, sin embargo, incide en que no está concebido sólo para ello, si no para otros contextos en los que se requiera la coordinación de administraciones, ministerios y otros organismos o empresas.

Fuentes del Gobierno ponen como ejemplo el surgimiento de una crisis energética. En ese caso, explican, el jefe del Ejecutivo podría decretar “situación de interés para la seguridad nacional” y en el comité de crisis podrían integrarse, por ejemplo, las empresas eléctricas aportando también sus medios.

La diferencia básica, avanza Sáenz de Santamaría, con los estados de excepción o alarma, como el que el Gobierno de Zapatero decretó en 2010 para hacer frente al conflicto laboral de los controladores aéreos, consiste en que “en ningún caso la adopción de este nuevo estado comportará la suspensión de ningún derecho fundamental ni recorte alguno de libertades”. Se trata, insiste, de coordinar esfuerzos y medios.