Defensa alerta de que el Estado Islámico ha designado a España «objetivo emblemático»

Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 España no había movilizado tantos recursos por una cuestión de seguridad nacional en tan poco tiempo. El Estado Islámico (EI) se ha convertido en una obsesión para los responsables gubernamentales. Los informes de inteligencia y de la Policía insisten desde el comienzo del verano en que el califato implantado a caballo entre Siria e Irak no es una realidad lejana, sino una amenaza muy cercana.

El último de estos informes tiene fecha del pasado martes y procede del Ministerio de Defensa. En este análisis, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) alerta sin matices de que España está en la mira de los muyahidines del autoproclamado califa Abu Bakr al Baghdadi y que cada vez las referencias a Al Andalus son más reiteradas.

Según el teniente coronel Francisco J. Berenguer Hernández, que firma el informe, «el pasado histórico de España la sitúa como uno de los objetivos emblemáticos del imaginario colectivo de la yihad internacional, tantas veces citado en sus escritos y propaganda, pero con un incremento estadístico notable durante los últimos meses, coincidentes con la creación y expansión del Estado Islámico». Berenguer, que es analista principal del IEEE, recuerda que incluso «está siendo frecuente» la publicación en internet «de fotografías de lugares o monumentos emblemáticos españoles con la presencia de la bandera del EI, realizados in situ por miembros o simpatizantes» de este movimiento.

En la línea con otros informes de inteligencia, el IEEE insiste en que el Estado Islámico «no es un problema exclusivamente de Medio Oriente». Los sangrientos atentados yihadistas cometidos, principalmente, en Estados Unidos, el Reino Unido y España, en la pasada década, se concibieron, diseñaron, planificaron y financiaron desde la seguridad que el Afganistán gobernado por los talibán prestó a la Al-Qaida entonces liderada por Bin Laden. El temor a la reedición de un santuario yihadista similar está más que justificado», apunta el informe.

Los documentos de Defensa insisten en el peligro de que buena parte de los yihadistas que ahora militan en las filas de Estado Islámico vuelva a sus países de origen. Más de medio centenar de españoles -la mayoría de origen marroquí y residentes en Ceuta y Melilla- ya han viajado a Irak y Siria y nadie descarta que pretendan regresar. «Esta amenaza ha sido igualmente destacada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, así como por numerosos expertos en terrorismo», recuerda el último estudio sobre EI y sus vínculos con España conocido hasta el momento.

Máxima alerta

Tras informes como éste, la movilización en Interior, Defensa, Exteriores, Justicia y el Ministerio de la Presidencia, del que depende el CNI, es máxima en las últimas semanas, a pesar de que ninguno de los informes del Centro Nacional de Inteligencia o de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil apuntan a la existencia de indicios de un ataque en suelo español por parte de EI.

El pasado 9 de septiembre, Interior decidió elevar el nivel de alerta antiterrorista. Fue el primer gesto visible para la opinión pública, pero lo cierto es que desde primavera se suceden los informes inquietantes, sobre todo por parte de los expertos de Interior tras la caída de varias redes dedicadas a la captación de acólitos para el califato.

El departamento que dirige Jorge Fernández no ha perdido el tiempo. Se han reforzado en las últimas semanas las plantillas de los servicios de información en Ceuta y Melilla, principalmente, como embrión del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) que el Gobierno quiere aprobar en breve.

El propio ministro se ha embarcado en una gira esta semana en Estados Unidos para mantener engrasados los contactos con las agencias de seguridad que más saben de Estado Islámico. Ha mantenido reuniones con los máximos responsables de la CIA, el FBI o la Secretaría de Seguridad Nacional.

De forma paralela, Exteriores e Interior han estrechado los lazos con los servicios de espionaje marroquíes en las últimas semanas. Más de 1.200 ciudadanos del país magrebí, muchos de ellos con fuertes vínculos en España, se han enrolado a las órdenes de Abu Bakr al Baghdadi, y han alcanzado incluso puestos de responsabilidad desde los que han amenazado a España a través de internet.

Los letrados de Interior, junto con los de Justicia, estudian desde principios de septiembre la posibilidad de reformas penales, todavía no muy claras, para castigar como terrorismo la participación en cualquier guerra en el extranjero y endurecer las penas para el adiestramiento pasivo, la «auto radicalización» o el proselitismo de la yihad a través de las nuevas tecnologías.

Pero también se analizan cuestiones más peliagudas como «nuevos instrumentos legales» para impedir la salida de radicales a zonas de conflicto o la retirada preventiva del pasaporte a sospechosos yihadistas. Incluso -revelaron fuentes gubernamentales- se estudian modificaciones en la ley de extranjería para acelerar deportaciones de personas radicalizadas.