La Justicia condena, seis décadas después, a la farmacéutica que vendió la talidomida

La Justicia ha dado la razón a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), con sede en Alcantarilla, al condenar a la farmacéutica Grünenthal a indemnizar a quienes a principios de los años 60 nacieron con graves malformaciones causadas por este medicamento. Cada uno de los afectados recibirá 20.000 euros por cada grado de minusvalía, lo que significa que podrán llegar a cobrar dos millones como máximo. La sentencia, que se dio a conocer ayer, supone en este sentido el reconocimiento histórico de una tragedia en la que hasta ahora -seis décadas después de que se produjese- no había responsables. «Hemos ganado», resumió el abogado murciano Ignacio Martínez, que ha representado a Avite.

Sin embargo, la cara también tiene su cruz: solo se reconoce la condición de afectado -y por tanto el derecho a indemnización- a apenas una veintena de las 186 personas que firmaron la demanda colectiva contra la farmacéutica alemana. Avite habla de 24 víctimas reconocidas, mientras Grünenthal las reduce «a menos de 20». El letrado Ignacio Martínez asegura sin embargo que los términos de la sentencia abren la puerta a que el resto de los 186 demandantes pueden acceder a compensaciones económicas a través de un segundo proceso judicial. Considera por ello que el resultado ha sido «un éxito».

Avite sentó en el banquillo el pasado 14 de octubre a Grünenthal y pidió 204 millones de euros en indemnizaciones para 186 afectados. La vista se celebró en el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid. Ayer, su titular, Gema Fernández, hizo pública la sentencia, que arrojó una de cal y otra de arena. La magistrada coincide en su argumentación con buena parte de los planteamientos de la asociación alcantarillera. Así, considera probado que Grünenthal tuvo un «comportamiento negligente». Vendió la talidomida en España -bajo el nombre comercial Softenon- con un prospecto en el que el medicamento se anunciaba como «de acción segura, insípido e inocuo, sin previsión alguna de contraindicación». Muchas mujeres usaron el fármaco para controlar sus náuseas convencidas de que no había riesgo alguno.

Pero no solo eso. En 1961, Alemania decidió prohibir la venta tras constatar las malformaciones que causaba. Sin embargo, la distribuidora de la farmacéutica en España «optó por no informar a los médicos españoles del motivo de la interrupción de las ventas» y por dar a «los colaboradores externos una información parcial y no toda la información», señala la juez, que apunta en este sentido a una carta entre Grünenthal y su filial española que ha aportado a la causa el abogado de Avite, Ignacio Martínez. Esta misiva es considerada clave. La magistrada insiste: «La distribuidora del Softenon en España, conocedora de los posibles efectos dañinos del medicamento en recién nacidos, había decidido no informar a los médicos de los motivos de interrupción de la venta, supuestamente por la escasa distribución del medicamento en España». Pero esa baja distribución «no se acredita y, en cualquier caso, nunca justificaría una omisión de información que, sin duda, contribuyó a agravar la incidencia y el consumo de los productos dañinos».

Sin pruebas

La magistrada da la razón a Avite en sus acusaciones contra Grünenthal, pero al mismo tiempo le da un tirón de orejas a la asociación de afectados a la hora de determinar quiénes tienen derecho a indemnización. En este sentido, establece que solo podrá recibir compensación económica -fijada en 20.000 euros por cada grado de minusvalía- quien hayn sido reconocido como víctima de la talidomida por el Gobierno a través del Real Decreto con el que en 2010 se establecieron unas primeras ayudas gubernamentales. De los 186 demandantes, solo 24 cuentan con ese reconocimiento oficial, que se produjo tras un dictamen del Instituto de Salud Carlos III y la comprobación de que la fecha de nacimiento se correspondía exactamente con los años de distribución de la talidomida entre mujeres embarazadas.

Con respecto al resto de los afectados que reclamaban indemnizaciones, la sentencia lamenta que no se han presentado documentos que permitan verificar su condición de víctimas. «La asociación demandante no ha practicado prueba alguna, ni ha intentado practicarla, sobre las concretas lesiones que padecen sus asociados y sobre su vinculación o relación causal con la ingesta de la talidomida». En este sentido, censura que se hayan incluido personas que nacieron en fechas que no se corresponden con «el periodo en que se comercializaron en España medicamentos con talidomida».

Ignacio Martínez, letrado de Avite, subraya sin embargo que se ha conseguido el objetivo buscado: que la Justicia reconozca que hubo negligencia. Los argumentos fijados en la sentencia abren la puerta a que ahora los afectados que se han quedado sin indemnización al no ser considerados como tales puedan iniciar litigios con el fin de alcanzar ese reconocimiento.

La asociación estudiará ahora si se inicia una segunda demanda colectiva o se llevan a cabo acciones individuales. «Hemos conseguido que un juez nos dé la razón, y eso es lo importante», subraya Martínez. Por eso, Avite considera que sus expectativas se han cumplido y no recurrirá la sentencia.

Grünenthal estudia recurrir

Sí puede que lo haga la farmacéutica condenada. «Grünenthal respeta pero no comparte los argumentos de la sentencia, por lo que procederá a analizarla con mayor grado de detalle y decidirá las acciones que estime más apropiadas», advirtió ayer en un comunicado. «La talidomida se introdujo hace más de 50 años. Grünenthal cree que su conducta fue consistente con el estado del conocimiento científico y con los estándares que prevalecían en aquel momento para el desarrollo y la realización de pruebas en la industria farmacéutica. Además, otras compañías fabricaron y comercializaron sus propios productos de forma totalmente independiente a Grünenthal, tal y como reconoce la sentencia», añade la nota. La empresa «lamenta sinceramente la tragedia».