A prisión el guardia civil y libre el policía detenido en la redada

El juez de Cartagena que instruye la causa contra una presunta red de tráfico de drogas que traía cocaína desde Colombia a la Region de Murcia ha dejado en libertad al policía portuario detenido el lunes en una macrorredada de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Así lo han confirmado fuentes del caso, que han añadido que el magistrado Ignacio Munítiz, titular del Juzgado de Instrucción 5, ha decretado prisión sin fianza para el agente de la Benemérita arrestado en la misma operación, y cárcel eludible con fianza para el funcionario judicial de Cartagena que también fue apresado. No obstante, este último está ya libre tras pagar los 20.000 euros que le impuso el juez como medida cautelar.

En el caso del policía portuario, las mismas fuentes han señalado que la investigación judicial ha permitido determinar que el guardia civil, compañero en la zona de control de mercancías en los muelles de Cartagena, utilizó su teléfono móvil para sus contactos con los narcotraficantes. El agente del Instituto Armado habría abusado de la confianza del vigilante portuario, al que con falsas excusas le pedía el celular para desviar hacia él la atención sobre sus manejos ilegales.

El juez ha tomado declaración hoy a cuatro de los diez detenidos en Madrid, de los cuales, según ha informado el TSJ, han quedado en libertad con cargos tres. El otros ha sido enviado a prisión. Está previsto que mañana declaren los seis arrestados que faltan.

Como ha publicado hoy 'La Verdad', una compleja y minuciosa investigación que ha durado más de un año y en la que han participado la Fiscalía Especial de Blanqueo de Capitales procedentes de la droga de la Comunidad Autónoma, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la sección de la Agencia Tributaria para las aduanas ha acabado esta semana con el desmantelamiento de una presunta red de tráfico de droga entre Colombia y España a través de la costa de la Región de Murcia.

Según fuentes conocedoras del caso, una gran operación centrada en Cartagena, Murcia y Madrid acabó el lunes con la detención de al menos una veintena de personas sospechosas de formar parte de este grupo delictivo internacional, especializado en la distribución de cocaína para su posterior venta en España. En Cartagena habría habido al menos nueve arrestos, en la capital de la Región uno y otra decena en Madrid.

Además de por el volumen de arrestados, la redada ha destacado porque entre los apresados hay un guardia civil destinado en los controles de acceso a los muelles, un policía portuario y un funcionario de un juzgado de instrucción, todos ellos empleados en Cartagena.

En la lista también están 'el Conejo', un vecino de la ciudad portuaria con antecedentes por hechos similares; un individuo 'fichado' por la Policía por asuntos relacionados con la gestión de un prostíbulo en la localidad cartagenera de Miranda; y una mujer de origen colombiano, esposa de uno de los detenidos en la ciudad. En cuanto a Madrid, la mayoría son ciudadanos originarios también del citado país suramericano.

Según las citadas fuentes, ante la sospecha -a raíz de pinchazos telefónicos y de seguimientos policiales- de que iba a tener lugar la entrega de una elevada cantidad de droga los agentes montaron un amplio operativo para golpear a la trama en las tres citadas ciudades. Registros simultáneos en viviendas e inmuebles permitieron poner bajo arresto a los presuntos traficantes.

La operación ha dejado, no obstante, una sensación de «desazón» entre los especialistas policiales porque a pesar de sus expectativas han 'pinchado' en cuanto a la incautación de droga en Cartagena. La ausencia de este material probatorio fue uno de los argumentos a los que se han aferraron los abogados para reclamar la puesta en libertad de sus defendidos durante las declaraciones celebradas en el Juzgado de Instrucción 5, que ha asumido el caso. Los interrogatorios empezaron después de las nueve de la mañana y se prolongaron durante casi doce horas.

Los fiscales David Campayo y María Isabel Neira (jefa de la sección de blanqueo de capitales procedentes de la droga en la Fiscalía) pidieron prisión provisional para todos los arrestados. Poco antes de las cuatro de la mañana, el magistrado Ignacio Munítiz terminó de redactar los autos donde decidió las medidas que debieran imponerse a cada imputado. El juez, dictó prisión incondicional para seis de los diez arrestados, prisión eludible bajo fianza para otro detenido y dejó en libertad con cargos a otros tres. Después de este maratón de cerca de 17 horas, Munítiz se ha reincorporado hacia las ocho de la mañana a sus tareas en el juzgado.

De la causa, cuyo secreto de sumario decretó el juez, ha trascendido que también incluye una larga lista de aparentes delitos. Entre ellos figuran el de actuar contra la salud pública, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, organización criminal, estafa procesal, prevaricación por retraso malicioso y blanqueo de capitales.

Familiares y 'secretas'

La detención de los funcionarios públicos de Cartagena ha despertado un gran revuelo entre sus compañeros de la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria y el Palacio de Justicia. Asimismo la primera planta del edificio judicial de la calle Ángel Bruna se llenó de familiares de detenidos, que aguardaron a conocer la situación en que iban a quedar tras prestar testimonio en la sala de vistas número 2.

Para instruir estas diligencias, ante la necesidad de más espacio que el habitual, se empleó esta sala de vistas y no la sede del juzgado. El ir y venir de letrados, abogados y guardias civiles de paisano fue continuo y reveló la magnitud de la operación, sobre la que la Benemérita prefirió no informar.