Víctimas de la talidomida denuncian que ésta se vendió tras ser prohibida

Los afectados por la talidomida han decidido sacar la artillería con vistas al juicio que en octubre se celebrará contra Grünenthal, uno de los laboratorios que a finales de los años 50 y principios de los 60 comercializó este fármaco, que tomaron miles de mujeres embarazadas en todo el mundo para controlar sus náuseas y terminó provocando el nacimiento de niños con malformaciones, cuando no su muerte. La asociación nacional de víctimas (AVITE), con sede en Murcia, denuncia que esta farmacéutica siguió distribuyendo talidomida en España al menos durante seis meses después de que Alemania prohibiese su venta, el 21 de noviembre de 1961. «Hemos podido comprobar que se vendieron 160 kilos de medicamento entre diciembre del 61 y mayo del 62», asegura José Riquelme, presidente de AVITE y vecino de Alcantarilla.

Riquelme viajó en otoño pasado a Düsseldorf en compañía del abogado de la asociación para bucear en los documentos que formaron parte del sumario del juicio que se celebró en su día en Alemania por el escándalo de la talidomida, y que se guardan en el Archivo Nacional. Allí, según explica Riquelme, encontraron las referencias a las ventas hasta entrado el año 62. También una carta que según AVITE fue «enviada por la central del laboratorio a su distribuidora en España». En ella se asegura que «teniendo en cuenta la muy escasa difusión» del medicamento en el país, no sería necesario informar a los médicos. La idea habría sido de la delegación en Madrid y la central en Alemania mostró su conformidad, según afirma AVITE.

Demanda colectiva

Las víctimas de la talidomida exigirán a Grünenthal 204 millones de euros de indemnización. La empresa ofrece de momento 120.000 euros al año, explica AVITE.

También reclaman ayudas al Estado, después de que en 2010 el Gobierno aprobase unos pagos que solo llegaron a 24 afectados. «Somos las víctimas peor tratadas de todo el mundo», se queja José Riquelme. «En el resto de Europa, en América y en Australia hubo indemnizaciones». En España, la dictadura cubrió de silencio el caso. Muchas familias afectadas ni siquiera se enteraron. Después llegó la democracia, pero para algunos ya era tarde, y para el resto siguió sin hacerse justicia.

200 personas se han unido ahora en la demanda colectiva. Pero AVITE calcula que el número de quienes han sufrido los efectos de la talidomida asciende a 3.000 en todo el país. En la Región de Murcia, 14 personas se han puesto en contacto con la asociación en algún momento, pero no todas participan en la demanda. «Queremos mostrar las pruebas de una mentira hasta ahora sin desenmascarar. Poner caras, fechas y nombres a todos los protagonistas del desastre de la talidomida», advierte José Riquelme.