La reagrupación de las sedes judiciales en la ciudad es una petición que ha reiterado el magistrado juez decano José Luis García Fernández, necesidad que viene poniendo de manifiesto en varios foros. El magistrado, en una nota informativa difundida ayer, afirma que «la dispersión actual de las diferentes sedes judiciales produce un efecto negativo en el ciudadano» que tiene que acudir a la Administración de Justicia.
El Palacio de Justicia está en la plaza del Caño y alberga los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1, 2 y 3; la Fiscalía, Registro Civil y forense. Es el único inmueble propiedad del Ministerio. El resto de los órganos judiciales se distribuye por locales alquilados por el ayuntamiento, según las disponibilidades del momento en que fueron creados.
Así, un edificio de la calle Padre Morote alberga los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 4, 5 y 6, junto con el Penal número 1. A un centenar de metros, en la antigua plaza de abastos, se instaló tras su creación el Penal número 2. Y también por esta zona, en la calle Zorrilla, quedó ubicado en su momento el Servicio Común Procesal General, que centraliza los trámites de registro y notificación judicial.
Lo que sorprendió en su día fue que, para acoger al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, se eligieran unos locales situados en la calle Abellaneda, junto al parque 'La Verdad', en el barrio de San Cristóbal, situados a más de dos kilómetros del centro urbano en el que, mejor o peor, están repartidas las demás sedes judiciales.
El magistrado decano, según la nota, resalta en su petición esta circunstancia y dice que «la distancia entre algunas de las sedes requiere la utilización de un medio de locomoción que, en la mayor parte de las ocasiones, es insuficiente para acudir al llamamiento judicial a la hora determinada, mayormente para el ciudadano, pero sin olvidar que los profesionales del Derecho, en multitud de ocasiones tienen problemas de señalamientos y vistas en varios de los juzgados».
Y se añade que «el problema se agrava cuando las funciones de guardia las ejerce el juzgado más lejano. Todas estas circunstancias conllevan un retraso fácil de resolver, a mi entender, con la reagrupación de, al menos, aquellas sedes que son susceptibles de ello».
También se resalta el hecho de que «algunas de las sedes no reúnen las condiciones mínimas exigidas para el desarrollo normal de la actividad y atención al ciudadano, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad física».
La solución definitiva para el problema de la dispersión de los órganos judiciales pasa por la construcción de un Palacio de Justicia suficiente, en el entorno del actual, aprovechando la oferta municipal de cesión de los edificios del Pósito y de la cárcel, que es una de las viejas reivindicaciones lorquinas, pero la petición actual reconoce que la situación económica no es la más propicia, pero insiste en la alternativa de, al menos, una reagrupación.
