Los funcionarios presentan un plan para que los ricos paguen la crisis

Dieciseis organizaciones sindicales y profesionales de funcionarios han firmado un manifiesto en el que reivindican la importancia de la función pública, y proponen alternativas para reducir el déficit del Estado sin recortar servicios públicos, gastos sociales o las condiciones laborales de los empleados públicos.

El manifiesto lo refrendan Anpe, Aidumur, AUGC, CC OO, CSIF, Gestha Intersindical, Satse, Siat, Sidi, Sime, SUP, UFP, Unión GC, UGT, Usae y USO, y llaman a que no se pongan en duda los servicios que prestan el personal de las administraciones, ni se hagan «declaraciones irreflexivas» sobre su rendimiento.

Los firmantes dicen entender la «necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos, y la contribución solidaria de toda la sociedad para sacar a nuestro país de la profunda crisis en que se encuentra», pero proponen un paquete de medidas, sobre todo fiscales, porque los recortes adoptados hasta ahora «no se extienden a otros gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas».

Entre otras alternativas, piden una profunda reforma de la Agencia Tributaria para potenciar la investigación contra el fraude fiscal, lo que aportaría una recaudación adicional de 38.500 millones, así como que se cambien los tipos a los que tributan las grandes sociedades, mediante el aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, para obtener otros 13.900 millones.

También reclaman un impuesto a las transacciones financieras que, según cálculos de la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los 5.000 millones de euros en España; otro sobre la riqueza, mejorando el actual impuesto sobre el patrimonio, que podría aportar 3.300 millones anuales, y que se excluyan las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas de ahorro del IRPF.

En su manifiesto, las organizaciones sindicales y profesionales recuerdan que los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios que éste presta a los ciudadanos, y afirman que cuestionar el papel de estos trabajadores desacredita a servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad o la atención social.

«Los empleados públicos prestan un servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por rentabilidad económica», defienden en su comunicado, en el que reivindican también la cualificación profesional de los trabajadores públicos y las garantías que confiere la estabilidad laboral para la independencia en su trabajo.