La Consejería de Economía y Hacienda está estudiando un plan «complejo» para pagar a los proveedores no comerciales, cuyo montante asciende a 200 millones de euros. Se trata de una «operación atípica» con la cual se pretende no incrementar el nivel de deuda de la Comunidad. Los proveedores comerciales se acogieron meses atrás al plan de pagos del ICO, mientras que los que quedan por cobrar son los ayuntamientos, empresas públicas y perceptores de subvenciones. El plan consiste en que el acreedor pueda cobrar del banco el anticipo a cuenta del plan de pagos, de tal forma que la entidad pasa a ser la tenedora del documento de cobro, explican fuentes de la Consejería.
Los ayuntamientos han constatado que mientras «la deuda comercial» de las comunidades se ha resuelto, la de las corporaciones locales «sigue sin afrontarse», informa Efe. En un documento, la Federación Española de Municipios señala que las autonomías tienen «una importante deuda» con los ayuntamientos, principalmente por los servicios que prestan por convenio y que son competencia de las administraciones autonómicas. Según sus datos, al 75% de las capitales de provincia, que no especifican, deben unos 800 millones de euros, lo que, extrapolado al conjunto de los municipios, la cifra superaría los 1.000 millones de euros.
