La Audiencia Nacional tardará al menos diez días en decidir si autoriza o no la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria, al que Instituciones Penitenciarias concedió el viernes pasado su progresión al tercer grado carcelario tras conocer por un informe médico que padece un cáncer irreversible que puede terminar con su vida en menos de un año.
La Fiscalía del tribunal central, cuyo informe es obligado para que el juez de Vigilancia Penitenciaria pueda decidir si concede o no la libertad condicional por razones humanitarias al recluso, calculó ayer que no podrá entregar el documento antes del 30 de agosto, entre otras razones porque considera incompleto el informe médico sobre la salud del etarra que elaboró el hospital Donostia de San Sebastián, donde está ingresado desde el pasado 1 de agosto, y que sí sirvió al Ministerio del Interior para conceder el tercer grado.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que ya han solicitado al juez de vigilancia de la Audiencia Nacional que se dirija al hospital donostiarra para pedirle que emita otro informe más completo, porque en el actual echan de menos la inclusión del historial y los antecedentes médicos de Uribetxebarria y consideran incorrecta la ausencia de las firmas de los médicos «concretos» que examinaron al etarra, ya que indican que el documento solo está avalado por una «comisión médica» del centro sanitario .
Un portavoz de Interior, no obstante, indicó que se trata de un informe médico «oficial» y que tiene una firma colectiva porque lo confeccionó el equipo «multidisciplinar» que atiende al condenado por secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Los representantes del Ministerio Público recuerdan también que, además de este informe hospitalario completo, para dar su opinión necesitan disponer del informe que tienen que elaborar los propios forenses de la Audiencia Nacional y de la notificación de la incoación de un expediente para la concesión de la libertad condicional que les tiene que remitir -se supone que en pocas horas- la Junta de Tratamiento de la prisión alavesa de Zaballa, de la que depende el recluso.
Instituciones Penitenciarias también tiene que informar a la Audiencia Nacional sobre varios extremos que la semana pasada le preguntó el juez Santiago Pedraz, a petición del fiscal del caso, entre otros sobre si el sistema penitenciario cuenta con los medios médicos necesarios para atender de forma correcta a un enfermo en la situación de este etarra.
El retorno del titular
El retraso que adelanta la Fiscalía para poder presentar su informe apunta a que la decisión final sobre Uribetxebarria la tomará el propio titular del juzgado central penitenciario, José Luis de Castro, en la actualidad de vacaciones. Pese a que Interior acordó la semana pasada el tercer grado, el primer paso, Uribetxeberria no podrá cumplir el resto de su condena en su domicilio hasta que la Audiencia Nacional le otorgue la libertad condicional. Si el magistrado hace caso a la petición de Interior, le impondrá al recluso tres condiciones para que no le sea revocada la excarcelación. La primera, que no se acerque a los víctimas de sus delitos o a sus familiares. La segunda, que no participe en actos o manifestaciones de enaltecimiento o legitimación del terrorismo o de ETA y que evite realizar declaraciones que puedan ofender a las víctimas. La tercera, la prohibición de ausentarse de la residencia que fije sin autorización previa de Interior.
Herrira, la asociación en favor de los presos de ETA, criticó el retraso sobre la excarcelación de Uribetxebarria y alertó de que, dada su enfermedad y que no dejará la huelga de hambre, hay riesgo vital.
