Después de un año turbio, Latbus sigue navegando en aguas revueltas, mientras la marea -provocada por la falta de entendimiento económico entre las administraciones, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, para sostener un sistema de transporte público subvencionado en el municipio- no da tregua a los usuarios del autobús, más cabreados que nunca tras la decisión de la empresa de suspender, con el beneplácito del Juzgado de lo Mercantil nº 2, los bonos actuales y subir el precio de los billetes sencillos en las pedanías de 1,35 a 2,15 euros.
El subidón, aplicado sin autorización de la administración regional, movilizó ayer a la Consejería de Obras Públicas, cuyos inspectores comprobaron que no se están aplicando tarifas bonificadas, de modo que procedieron a levantar las primeras actas de infracción por incumplimiento del convenio de simplificación, que desde diciembre de 2010 y hasta ahora permitía a los murcianos viajar de forma ilimitada desde 20 euros (estudiantes) y 30 euros (resto de usuarios, salvo pensionistas y familias numerosas, que lo hacen gratis).
Un grupo de concejales y pedáneos, liderados por Javier Iniesta, responsable del área de Transportes en el Consistorio, subieron a mediodía a varios autobuses que estacionaron en la parada de La Glorieta e invitaron a los usuarios a reclamar la diferencia del precio del billete en las oficinas de atención al consumidor al entender que la medida adoptada por Latbus «de forma unilateral» es «desproporcionada» y «abusiva». Los ediles Cristóbal Herrero, Ana Martínez Vidal, José Ros y los pedáneos de Torreagüera, Fulgenio Perona, y La Alberca, Alfonso Pardo, repartieron entre el pasaje hojas de reclamaciones en blanco y animaron a los viajeros, que manifestaron su indignación a los miembros de la Corporación, a que presenten sus denuncias.
Los pedáneos del PP también se reunieron ayer y acordaron informar en persona a los vecinos y ofrecer las juntas municipales para la tramitación de estas quejas por el 'tarifazo'.
El director gerente de la Entidad Pública del Transporte, Luis Lorente, declaró ayer a 'La Verdad' que las inspecciones continuarán, al menos, tres días más, con el fin de comprobar si Latbus sigue incumpliendo el convenio de simplificación tarifaria. «La Administración cumple su función y los servicios de Inspección están actuando. Esta decisión de la empresa no está incluida en la reorganización de líneas en la que trabajamos y es un flaco favor al transporte público en Murcia. Está claro que esta Administración no va a hacer dejación de funciones», aclaró Lorente, quien prefirió no aventurar qué tipo de consecuencias administrativas puede tener la subida de tarifas, pues más allá de las sanciones económicas la situación puede derivar en el peor caso en la rescisión de la concesión administrativa. No obstante, Latbus descarta esta posibilidad, pues el propio convenio recoge que cuando haya inexistencia de crédito para mantener el régimen de bonificaciones éste quedará resuelto.
La EPT desvincula la decisión de Latbus de las negociaciones para la reordenación de líneas, que no se ha producido a pesar de la insistencia en su puesta en marcha para hacer viable económicamente la concesión. Lorente confía en que la situación no se prolongue en el tiempo y que el plan de optimización de servicios pueda ejecutarse en el menor plazo posible, «pues no podemos consentir que haya autobuses vacíos a determinadas horas». Respecto a las dificultades para el pago de subvenciones, el director de la EPT recalcó que «estamos cumpliendo los objetivos presupuestados para el convenio de simplificación y los vamos a mantener».
El edil Iniesta, que recordó que la relación entre Latbus y el Ayuntamiento por la concesión urbana se extinguirá en 45 días, indicó que el Ayuntamiento no se ha desentendido de los problemas de Latbus, pero tampoco es responsable de la concesión de pedanías, pues no rubricó el convenio de simplificación. Latbus, en cambio, reprocha al Consistorio que después de presumir públicamente de las tarifas planas dejara de subvencionar el autobús, «dejando sola a la Comunidad en el convenio -la EPT no tiene capacidad ni presupuesto para asumir los 9 millones anuales que cuesta el sistema actual-y subvencionando en exclusiva al tranvía».
