Arnaldo Otegi y 88 presos más. ETA y su entorno parecen convencidos de haber dado con la fórmula para echar al Ministerio del Interior el mayor pulso desde la declaración de cese definitivo de la violencia. La huelga de hambre que el miércoles inició el preso Josu Uribetxebarria, enfermo de cáncer, y a la que se han ido sumando por goteo internos de distintas prisiones de España tiene ya una dimensión considerable. Y no es baladí que a la estrategia se uniera ayer el rostro más visible de la ilegalizada Batasuna.
Otegi, que como el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díaz Usabiaga, cumple prisión por intentar reconstruir el partido a través del proyecto Bateragune, anunció su decisión de participar en la protesta al mediodía, a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo, por ese orden, con 'tuits' en inglés, francés, castellano y euskera. «En solidaridad con Iosu, comenzamos una huelga de hambre indefinida en la prisión de Logroño», decía su proclama.
El deseo de que Uritxebarría, condenado por su participación en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, sea excarcelado es, a estas alturas, solo un símbolo. Las probabilidades de que su liberación se produzca no son menores. Sobre todo, desde que el viernes accediera a someterse a las pruebas médicas que exigía Prisiones antes de decidir si cabría aplicarle el artículo 92 del Código Penal, que contempla la excarcelación en supuestos de enfermedad muy grave e incurable.
El preso ya fue trasladado la semana pasada desde el hospital de referencia de la cárcel de León hasta el Hospital Donostia para poder ser atendido de unos nódulos y una metástasis por el mismo equipo médico que le trató de un cáncer de riñón de 2005 a 2009, mientras cumplía condena en Nanclares. Ahora, Instituciones Penitenciarias espera los resultados de las pruebas.
Ruido
Mientras tanto, sin embargo, el mundo de ETA ha logrado hacer más ruido que nunca sobre el que considera su principal problema: los presos. Es sobre esto sobre lo que siempre ha querido negociar con el Ejecutivo. En abril, la banda llegó incluso a nombrar seis interlocutores, elegidos por su colectivo de presos (EPPK), para abordar el tema con España y Francia. Fue en balde y, desde entonces, ha intensificado sus protestas por lo que considera un «bloqueo del proceso de paz» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Una queja que pudo escucharse ayer en la multitudinaria manifestación de la llamada izquierda 'abertzale' que recorrió las calles de San Sebastián .
Hasta ahora, el Gobierno ha respondido a las presiones de este mundo con firmeza. El pasado 26 de abril Interior presentó su 'Plan Integral de Reinserción' para permitir el cumplimiento de condena en cárceles del País Vasco a presos que rompieran públicamente con la banda, aun sin pedir perdón a sus víctimas. Desde entonces, apenas tres decenas se han desvinculado de la organización criminal. ETA ha prohibido a sus internos buscar soluciones individuales y el EPKK dejó claro el pasado 2 de junio que seguirá sus directrices. La reacción de Interior fue rotunda: más dispersión.
El colectivo sigue enrocado en la exigencia de «amnistía y autodeterminación». Pero ahora ha puesto al Gobierno en una situación delicada. Especialmente, si se mantiene la huelga de hambre, y otro tipo de acciones como encierros en celdas, más allá del 'caso Uribetxebarria'.
