La supervivencia es una cuestión de tamaño en muchos órdenes de la vida. También en el empresarial, por lo menos cuando vienen mal dadas. Diversos expertos coinciden en destacar la fragilidad del entramado empresarial español, en el que las pymes tienen un mayor peso que en otros países desarrollados de nuestro entorno. Su pequeña dimensión las hace más vulnerables a la hora de aguantar los zarandeos de la crisis: apenas pueden competir en los mercados internacionales, se encuentran desvalidas frente a un complejo ordenamiento jurídico y además registran el mayor índice de fraude fiscal.
La radiografía de la empresa en España desvela una extraordinaria importancia de las pequeñas y medianas compañías. Sobre todo de las pequeñas. Las pymes (aquellas con un máximo de 249 empleados) suponen un 99,9% de las empresas existentes en España, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo correspondientes a 1 de enero de 2011. Ahí el porcentaje es muy similar al de la media de la UE (99,8). Pero la diferencia aumenta cuando se trata de autónomos o de compañías con 9 empleados como máximo (95,2% en España, y 92,1% en Europa). Y se convierte en brecha respecto a algunos de los países más avanzados del continente y de Estados Unidos.
«Las compañías de seis o menos trabajadores lo tienen más difícil que las grandes», sostiene Anna Laborda, profesora titular del departamento de Economía de Esade y autora del informe 'Supervivencia empresarial en época de crisis'. El estudio muestra la tasa de supervivencia de las empresas españolas desde 2008 hasta el 1 de enero de 2011. Es decir, compañías que siguen en pie mientras a su alrededor desaparecen o se crean otras nuevas. El porcentaje en esos años se muestra casi inalterable, en torno a un 80%.
El grueso de esas empresas que resisten el temporal corresponde a autónomos (un 52,8%), mientras que las que tienen de 1 a 9 asalariados representan el 42%. «Es lógico, debido a la amplia base de empresas sin empleados en nuestra estructura económica», matiza el estudio. Pero si se muestran los porcentajes de compañías supervivientes para cada estrato se aprecia cómo el 76% de los autónomos han sobrevivido a estos primeros años de crisis (a 1 de enero de 2011), mientras sube la proporción cuanto mayor es su tamaño (casi el 95% en el caso de las empresas de 20 o más empleados).
«Esos datos nos muestran que es el colectivo empresarial de los autónomos el que reúne casi por completo los flujos dinámicos de altas y bajas empresariales. Se da entonces una paradoja: las pequeñas empresas muestran un buen dinamismo, pero al mismo tiempo su tamaño es un punto frágil del sistema», explica la profesora Laborda.
El informe refleja cómo en los primeros años de la crisis se produce una especie de intercambio entre empresas de 1 a 5 asalariados hacia las que no tienen ninguno, es decir, los autónomos. «Es una forma de supervivencia muy extendida: se produce una disolución de las pymes de menos tamaño, para luego renacer en forma de autónomo, que posteriormente reparte trabajo a una cuadrilla o un grupo de otros autónomos», explica Laborda.
Entramado jurídico
Otras opiniones advierten de que en tiempos turbulentos como los actuales, las compañías de mayor tamaño se apoyan en el mercado exterior, terreno vedado a la mayor parte de las pymes. De esta forma, el panorama ofrece «un núcleo reducido de grandes empresas que consigue mantener su cuota de mercado en el extranjero contra viento y marea, mientras que el resto de las empresas, las que participan de la economía nacional, están extenuadas, al borde del abismo», observa el economista Pol Antrás, catedrático de la Universidad de Harvard.
Existe otra barrera que se interpone en el camino de las pymes españolas: el complejo ordenamiento jurídico español, que solo son capaces de salvar las empresas de cierta envergadura. Las demás no tienen más remedio en muchos casos que obviar la legislación que regula los convenios colectivos, los despidos, las licencias, etc… Un análisis reciente del profesor Antrás advierte de que las pymes sufrieron entre 2000 y 2008 incrementos de sus costes laborales unitarios acumulados de alrededor del 70%. El porcentaje se redujo al 25% en cuanto a las grandes empresas no exportadoras, y al 20 en el caso de las que sí venden al exterior.
Las corporaciones de gran tamaño pueden permitirse contar con gabinetes jurídicos que las ayuden a sortear los vericuetos de la legislación, o cambiarla en algunos casos. Algo a lo que, desde luego, no pueden aspirar las mayor parte de las pymes españolas, obligadas a un darwinista ejercicio de supervivencia.
