El Gobierno insiste en que los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf son en estos momentos un lugar peligroso para los cooperantes españoles por el alto riesgo de atentado terrorista contra «occidentales». Pero la delegación del movimiento prosaharaui, que durante esta semana visitó la zona, sigue poniendo en cuestión este análisis y reclama la vuelta de los cooperantes evacuados a finales de julio por el Ministerio de Exteriores.
Los activistas, una veintena, defendieron, a su llegada al aeropuerto de Barajas, que las medidas de seguridad puestas en marcha por la Policía saharaui garantizan la integridad de quienes hasta hace pocas semanas desarrollaban en la zona sus labores de asistencia humanitaria. Según el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, José Taboada, su ausencia es ya visible y ha hecho estragos debido a la escasez de agua y de otros productos básicos. Por eso, reclamó al Ejecutivo que levante la alerta creada.
El Ejecutivo, que prácticamente desde el primer día se enfrentó a las críticas de las organizaciones no gubernamentales por su rápida y sorpresiva decisión -tomada apenas diez días después de la liberación de Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández- pretende negociar un plan de regreso escalonado y propone que, en tanto la seguridad no mejore en los campos, se opere desde Argel o desde Tinduf capital, que es, según el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Jesús Gracia, lo que hace la ONU.
El grupo de activistas que regresó ayer ha estado durmiendo, sin embargo, en los campamentos e incluso en el mismo pabellón en Rabuni en el que Gonyalons y Fernández fueron secuestrados por radicales islámicos. Y sostiene que todo está bien.
