Ni cierre total ni tampoco cierre parcial. El Ayuntamiento de Cartagena ha descartado su plan de clausura de edificios o dependencias en agosto para reducir el gasto en electricidad, básicamente en el complejo administrativo de San Miguel, ya que afectaría a departamentos como el del cobro de impuestos en plena campaña del IBI, atención al ciudadano o gestión de licencias.
Tras renunciar ya en febrero a su idea de echar la persiana al edificio en agosto, el Gobierno municipal también ha desechado la alternativa de cerrar solo algunas plantas del edificio o limitar de forma significativa el horario.
El cierre de las dependencias con excepciones como el Parque de Seguridad (sede de la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil) fue defendido en enero por la alcaldesa, Pilar Barreiro. Ésta habló de la necesidad de reducir la factura energética, que en el caso del verano se veía engordada por lo que consideró «gastos superfluos». El argumento fue que la «productividad» en las instalaciones es baja en el principal mes de vacaciones.
Aunque dijo no querer entrar en polémicas con los sindicatos municipales, durante una rueda de prensa en el Palacio Consistorial Barreiro defendió su «responsabilidad de sacar el máximo rendimiento a los impuestos que pagan los cartageneros para el mantenimiento de los servicios públicos».
«Si un edificio nos cuesta mucho más dinero mantenerlo abierto que la productividad que tiene», cerrarlo es «de sentido común», dijo Barreiro.
La regidora comparó el cierre de sedes municipales con medidas de ahorro de tipo particular: «No creo que estemos haciendo nada que cada uno de los cartageneros y los españoles no esté haciendo en su casa. Me parece que no estamos descubriendo nada», añadió Barreiro. Y dio tres ejemplos de lo que ve hacer a los ciudadanos para «que las facturas bajen»: «apagar luces, ahorrar lo máximo posible y no tener gastos superfluos».
Este planteamiento generó una inmediata respuesta de los grupos de la oposición y los sindicatos, que hicieron ver la imposibilidad de aplicar al Ayuntamiento criterios caseros ya que hay una necesidad y una obligación de dar servicios al ciudadano durante todo el año.
Desde la Junta de Personal, su presidente se hizo vera además que el ahorro de unos 12.000 euros calculado era muy bajo, en comparación con gastos que sí serían «superfluos» como los cerca de 500.000 euros al año en los salarios de los cargos directivos del gobierno municipal, nombrados 'a dedo'.
Asimismo, los sindicatos recordaron que el convenio colectivo establece el derecho de los empleados a elegir las vacaciones entre los meses de julio, agosto y septiembre.
El Ejecutivo también recibió voces críticas con el planteamiento de cierre desde distintos departamentos, entre otras cosas por las dificultades que iba a entrañar el propósito de dar vacaciones forzosas a los trabajadores en agosto.
Al final, un análisis de pros y contras por parte de la Concejalía de Hacienda y Personal ha llevado a renunciar a la idea de la clausura parcial o total. Según la Concejalía, en la sede administrativa de San Miguel se sigue el horario habitual de todos los veranos, es decir que se trabaja hasta las tres de la tarde.
Aprovechar el espacio
Lo que sí ha conseguido Personal es que casi el 70% de los empleados sigan su petición de tomar las vacaciones en agosto, de forma que la menor presencia de trabajadores en los centros de trabajo permita reducir algo la factura energética de luz y aire acondicionado.
«Estamos muy satisfechos con la respuesta positiva que hemos tenido por parte del personal a nuestra petición de concentrar, dentro de lo posible, el periodo de descanso en agosto. El 67% de los 1.200 trabajadores se ha tomado las vacaciones en ese mes, lo que supone un volumen muy alto», ha manifestado a 'La Verdad' la concejal de Personal, Fátima Suanzes.
«Es necesario mantener la actividad en áreas como Registro, Atención al Público, Recaudación, Personal o Infraestructuras. Pero el planteamiento de aprovechar al máximo el espacio y los recursos energéticos es plenamente válido y es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso seguir buscando fórmulas para aplicarlo», defendió Fátima Suanzes».
Y señaló que el objetivo de ahorrar «hasta el último céntimo» en electricidad no es solo una cuestión económica sino también algo importante a nivel ecológico por la reducción del consumo energético.
