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El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena rechazó ayer la petición de los tres grupos de la oposición (PSOE, Izquierda Unida-Verdes y Movimiento Ciudadano) de enviar a la Fiscalía el expediente administrativo del Barrio Universitario, para que investigue presuntas irregularidades de socios de la empresa Residencial Puerta Nueva, la alcaldesa Pilar Barreiro, y otros cargos políticos y funcionarios.
Al Gobierno le bastó su mayoría absoluta para oponerse a la propuesta de la oposición de colaborar con la Justicia por responsabilidad y transparencia, antes de que el Ministerio Público pida papeles.
La oposición insistió en que abrir la vía penal para esclarecer presuntos delitos fiscales relacionados con el desvío de fondos en la empresa y el impago de plusvalías por la venta de casas al Ayuntamiento no bloquea sino que refuerza la civil; es decir, la demanda del Ayuntamiento en un juzgado para exigir a Puerta Nueva 3,5 millones de deuda.
Sin embargo, el PP se basa en un informe de la Asesoría Jurídica municipal según el cual llevar sí hay riesgo para el que considera el principal objetivo: cobrar el dinero generado por el 30% de los ingresos extraordinarios por venta de casas.
El grupo mayoritario descartó la iniciativa de PSOE, IU y MC, y sacó adelante otra alternativa por la que el Pleno respalda la demanda interpuesta por la Sociedad Municipal Casco Antiguo frente a Puerta Nueva, y muestra el compromiso del Ayuntamiento de colaborar con todas las instancias judiciales que lo pidan.
El texto alternativo tuvo el respaldo de socialistas e IU. MC se abstuvo. Los dos primeros grupos dieron su apoyo por lo positivo de la declaración, pero advirtieron de la obviedad porque no colaborar con la Justicia sería ilegal. A su juicio, todo es una estrategia para desviar la atención sobre la falta de respuestas concretas a cuestiones delicadas.
El portavoz del Gobierno, Francisco Espejo, acusó a la oposición de forzar un Pleno extraordinario para seguir con su «circo» de buscar el «acoso y derribo del PP y Barreiro. Dijo que la oposición ha accedido al expediente; el asunto se discutió la semana pasada en un pleno ordinario; y las presuntas anomalías ya se investigan en un juzgado, porque el Ayuntamiento las cita en su demanda, y en la Fiscalía, por petición de IU [y de una denuncia anónima].
Los portavoces de PSOE, IU y MC, Caridad Rives, Cayetano Jaime y José López respectivamente, replicaron que el PP solo les ha dejado ver, y no fotocopiar, un expediente incompleto, y que su función es velar por los intereses municipales.
«Una cuestión de confianza»
Añadieron que el PP no ha querido aclarar en una comisión de investigación las responsabilidades de la empresa vinculada al exalcalde socialista José Antonio Alonso, así como de políticos y funcionarios.
Espejo repitió que el «único problema» es que hay una empresa que no paga y ha sido denunciada. Pero la oposición exigió sin éxito respuesta sobre la gestión política, ya que ve «dudas razonables» sobre la «dejación de funciones» de Barreiro al no exigir el pago de la deuda durante cuatro años y hacerlo solo cuando Hacienda detectó el 'agujero'; y por permitir la descapitalización de Puerta Nueva pese a estar en el Consejo de Administración de ésta.
Desalojo de indignados
A preguntas de periodistas Espejo insistió en que la alcaldesa tenía solo un papel «institucional». Y dio por zanjado a nivel político el asunto, pues «se ha respondido a todo», y ya queda todo en una «cuestión de confianza» ciudadana.
Poco antes, casi al término del Pleno la Policía Local desalojó y pidió el DNI por orden de Barreiro a seis miembros de la plataforma de indignados Asamblea-15M. Exhibieron carteles con el lema: «Políticos corruptos fuera». Luego, frente al Palacio Consistorial mostraron una pancarta con el mensaje «Políticos corruptos a la calle».
