Las ocho personas presuntamente implicadas en la trama que estafó al menos 19 millones con la concesión irregular de préstamos hipotecarios y personales por valor de 84.137.000 euros a unos cuatrocientos ingleses para comprar viviendas en La Manga, desviaron parte de los fondos para beneficiarse, según la investigación preliminar. Esas adjudicaciones irregulares de dinero podrían ascender a varios millones procedentes de las cuotas de esos préstamos pagadas por los compradores.
La investigación de la entidad bancaria de la que partían los créditos y que detectó el desfase destapó también el reparto de fondos entre los participantes en esas operaciones. Así, solo algo más de la mitad del dinero era ingresado en la caja para cubrir las apariencias. Otra parte se abonaba mediante transferencias nominativas a las cuentas de tres intermediarios inmobiliarios británicos, en concepto de comisiones. Y otra jugosa tajada acababa en manos de la directora y la subdirectora de la sucursal que tramitó los préstamos y de un abogado. Los tres se llevaron cantidades muy elevadas a través de talones bancarios.
La denuncia judicial fue presentada por La Caixa en 2008 y la instrucción del caso cayó en manos del juzgado número 4 de Cartagena. Lo ciudadanos británicos no figuran entre los denunciantes, ya que la entidad bancaria alcanzó acuerdos con todos los afectados tras descubrir las irregularidades cometidas por sus empleadas. Ambas están denunciadas por estafa y apropiación indebida, aunque habrá que esperar a las calificaciones del fiscal para conocer la acusación formal.
Será el juicio oral, que según fuentes vinculadas al caso no tardará en celebrarse, el que permita dilucidará la responsabilidad de cada uno de los componentes de la trama. Las cabecillas son supuestamente esas dos mujeres, que trabajaban en una sucursal situada en la Plaza Bohemia cuando se concedieron los préstamos entre 2005 y 2008. Actuaban en connivencia con el propietario de una inmobiliaria que se encuentra justo enfrente de la oficina. Esa sociedad era la que obtenía las ofertas de promotores inmobiliarios que querían dar salida a sus viviendas y se comprometía a encontrar compradores en Inglaterra. Su dueño, de nacionalidad británica, actuaba en colaboración con otros dos hombres que eran los que contactaban directamente con los clientes en su país de origen. Para ello, la empresa contaba con una página web claramente orientada a ciudadanos británicos.
También está presuntamente implicado un abogado que era al que los ingleses otorgaban poderes para suscribir las hipotecas en su nombre, tras una recomendación de los intermediarios. Cierran el grupo de presuntos cómplices dos aparejadores que realizaban las tasaciones de los pisos para que se ajustaran al valor de los créditos concedidos.
Múltiples irregularidades
En la última auditoría realizada por la entidad bancaria se detalla cuál debía ser la forma de actuar de las responsables de la oficina. Ambas utilizaron una línea de préstamos hipotecarios que solo estaba destinada a primera vivienda para dárselos a ciudadanos británicos que se comprometían a pagar a plazos los pisos en La Manga como segunda residencia, dado que ellos no viven aquí. Ésa es la primera irregularidad. Además, las responsables de la sucursal avalaron las tasaciones de las viviendas a precios muy superiores a los de mercado, para manejar un mayor volumen de fondos.
Los préstamos ascendieron a 81.437.000 euros y fueron concedidos sin las mínimas garantías de renta o patrimonio para cubrir su devolución total, según las fuentes consultadas. La mayoría de extranjeros ni siquiera se desplazó a Cartagena para ver el piso adquirido y realizar la operación en persona. De ahí la necesidad de la trama de contar con el abogado que actuaba por poderes.
Las responsables de la oficina bancaria -destituidas tras ser descubiertas- asociaron a esas hipotecas otros créditos personales suscritos por los mismos ingleses. Con este artificio, les permitían amortizar las primeras letras de las hipotecas sin poner dinero, aunque en principio el objeto era comprar mobiliario. Esas operaciones de crédito ascendieron a 2.437.550 euros y generaron impagos por 1,8 millones.
Los analistas de la entidad sospechaban de posibles irregularidades en la oficina de La Manga porque hicieron dos auditorías sucesivas en 2006 y 2008. En la segunda apareció el agujero. Para entonces, muchos ingleses habían dejado de abonar las hipotecas y la acumulación de impagos ascendía a 19 millones de euros.
