Los ayuntamientos de Málaga y Córdoba son los únicos que se han manifestado radicalmente a favor de la liberalización de horarios en sus municipios para complementar la oferta turística, mientras los de Santa Cruz de Tenerífe y Barcelona han dado a conocer ya su oposición más o menos frontal. Los gobiernos locales de las otras siete ciudades implicadas se han movido entre la falta de un pronunciamiento claro y el llamamiento a la paciencia para ver qué es exactamente lo que se incluye en el texto legal que apruebe el Ejecutivo central.
En Andalucía, junto a la postura claramente favorable de Málaga y Córdoba, que ven la oportunidad de potenciar su proyecto turístico, está la petición del Ayuntamiento de Sevilla de más tiempo para que la medida se concrete y el silencio del Consistorio granadino. La Junta andaluza, en manos del PSOE, ya ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional si la norma se aprueba sin negociación previa.
En la Comunidad Valenciana, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP; pidió que la norma estatal no establezca las zonas de afluencia turística como una imposición y permita llegar a un consenso con los comerciantes. En el caso de Valencia, no ha habido ningún pronunciamiento. También en Bilbao son partidarios de esperar a ver el texto del anteproyecto, mientras el Gobierno vasco rechaza la iniciativa por la «unilateralidad» al presentarla.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, rechazó la «imposición» del Estado, aunque se mostró partidario de estudiar esa ampliación de horarios para zonas concretas de la ciudad. Y en Zaragoza, el silencio es absoluto, mientras la promotora de una gran superficie que abrirá en octubre se ha ocupado ya de iniciar una campaña en busca de apoyos. Tenerife ha cumplido un año con el centro urbano calificado como Zona de Interés Turístico. Los discutidos resultados son los que han llevado al Ayuntamiento a oponerse a la nueva norma.
