La presencia ayer de varios vehículos y agentes de la Guardia Civil a las puertas del Ayuntamiento hizo a muchos vecinos recordar los convulsos días de la 'Operación Tótem'. Sin embargo, el despliegue -media docena de todoterrenos y casi 25 guardias- servía como medida de precaución ante la celebración del Pleno de la corporación en el que se abordaron los primeros despidos de trabajadores municipales, que eran mayoría en el salón.
En concreto, el equipo de Gobierno aprobó el despido de 14 funcionarios interinos, cuyas retribuciones no están financiadas por subvenciones. La medida supondrá un ahorro anual a las arcas municipales de 479.921 euros.
Las plazas ocupadas por interinos afectados son las de Arquitecto de Infraestructuras, Arquitecto de Urbanismo, Técnico de Administración General Secretaría, Trabajador Social, Técnico Educación Absentismo Escolar, Técnico Medio Atención a la Inmigración, Auxiliar Administrativo Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo Secretaria, Auxiliar Administrativo Urbanismo, Auxiliar Administrativo Área Social, Auxiliar Administrativo Infraestructuras, Auxiliar Administrativo SAC, Auxiliar Administrativo Pedanías/Cementerio y Delineante Infraestructuras.
El Pleno también sirvió para anunciar que este verano se realizaría un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con el fin de despedir a entre 50 y 60 trabajadores aprovechando el nuevo marco legal de la reforma laboral. El concejal de Personal y portavoz popular, David Amorós, dijo que se trataba de «medidas muy duras», pero que su obligación política era la de llevarlas a cabo: «Los trabajadores no son los responsables de este gravísimo problema económico del Ayuntamiento», aseguraba Amorós, a la vez que recordaba que la deuda del Consistorio es de 85 millones de euros. «Tenemos un déficit mensual de 360.000 euros solo para pagar las nominas, superando en ocasiones picos de 700.000 euros» relataba Amorós. «Es una operación a corazón abierto», señaló el edil.
El vicesecretario de la Junta de Personal de Totana, Antonio García, asegura que el despido de los interinos es «un ataque gravísimo a los derechos de los trabajadores». Sobre el próximo ERE, dijo que «ha faltado un proceso negociador».
Durante la sesión, Pedro Manzano, representante regional de Comisiones Obreras, leía un manifiesto en el que se anunciaban movilizaciones, así como que recurrirían jurídicamente estos despidos de interinos y la pérdida de derecho de los trabajadores. «Anunciar los despidos sin dar nombres, puede crear una carrera de obstáculos para que no me toque a mí, y le toque al compañero, esto puede ser un sinvivir, que ya está creando alarma social en el personal laboral de otros ayuntamientos» aseguraba Manzano.
