Las quejas del alcalde, Francisco Jódar, días atrás, en el barrio de La Viña, sobre la lentitud burocrática que estaba frenando la llegada de las ayudas oficiales a los damnificados por los terremotos, se transformaron ayer en noticia positiva cuando el máximo responsable del Ayuntamiento anunció, en una inesperada rueda de prensa, que «la primera partida, 309.922 euros, comienza a llegar a las cuentas de los afectados».
Según Jódar, el Tesoro Público transfirió este dinero al Instituto de Crédito Oficial el jueves por la tarde y el instituto crediticio ha comenzado a ingresar el dinero en los bancos de Lorca que realizarán el pago directo a los beneficiarios, que son 187. Estos primeros pagos, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el alcalde, corresponden a expedientes de ayuda para el abono de alquileres por realojo.
Para el alcalde se trata de una buena noticia que «estaba esperando desde hace muchísimo tiempo», pero «seguiremos vigilantes para que el sistema de pagos funcione y el dinero llegue cuanto antes a los afectados».
Recordó Jódar que hasta ahora solo se habían abonado las ayudas públicas correspondientes a los expedientes aprobados en las reuniones de la Comisión Mixta que se celebraron en los meses de julio y agosto del año pasado, y los correspondientes a la parte de alquileres de la reunión celebrada en el mes de octubre de 2011.
Esas ayudas públicas pagadas hasta este momento suponían la cantidad global de 4,8 millones de euros, de un total de 34,6 millones que suman los expedientes aprobados en las sucesivas reuniones que ha venido celebrando la Comisión Mixta. De esa cantidad, 21 millones de euros corresponden a las ayudas aprobadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto del pasado mes de marzo. «Confío en que, solucionados los atascos burocráticos, todas las ayudas concedidas lleguen a los beneficiarios con rapidez».
El Real Decreto mencionado por Jódar tenía, entre otros objetivos, solucionar parte de los problemas surgidos para que los damnificados a los que se habían concedido ayudas pudieran recibirlas. El principal obstáculo era que la Comunidad Autónoma tenía que aportar el 50% de las ayudas, por lo que se creó una línea de crédito de hasta 115 millones de euros para hacer efectivos los pagos, que irán a través de bancos
