La presión por la huelga general, los encierros en el Rectorado, la concentración que se alargó toda la mañana frente a la Convalecencia y el manifiesto desacuerdo entre los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia tuvieron ayer finalmente su efecto: el plan de ajuste económico, que contemplaba el despido de unos 70 docentes asociados y la reducción de la jornada y del sueldo de 280 trabajadores de administración y servicios, no fue votado y los recortes serán renegociados.
Después de más de siete horas de tensa reunión en el Rectorado, el Consejo de Gobierno de la UMU decidió darse otra oportunidad para revisar los recortes y, de paso, ganar tiempo para tratar entre tanto de cobrar parte de la deuda que la Comunidad mantiene con la Universidad. Con ese dinero en la mano, el plan de ajuste rebajaría su dureza, confía el rector. Así, el Consejo de Gobierno acordó no someter a votación el 'tijeretazo' y formar una comisión integrada por el equipo de gobierno, los decanos, directores de departamentos, profesorado, alumnos, personal de administración y servicios y los presidentes de las juntas del profesores y administración y servicios, que tratará de darle otra vuelta al plan de ajuste y de minimizar su impacto en el capítulo de personal. La decisión no terminó de convencer a nadie, ya que tanto el rector como los miembros del comité de resistencia se mostraron decepcionados.
La tensa reunión se inició a las nueve de la mañana, aunque la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno entraron al Rectorado a las ocho para evitar el 'encontronazo' con los dos centenares de manifestantes que, desde las nueve, se concentraron en el edificio reclamando a sus representantes el voto negativo al plan. La noche anterior ya había sido larga en el edificio de Convalecencia, donde unos cuarenta profesores, huelguistas y personal de la UMU pasaron la noche encerrados para mostrar su oposición al plan. La tirantez se acrecentaba además por la huelga, que fue secundada por cerca de la mitad del personal de administración y un amplio 70% de los docentes, y dejó los campus universitarios de Espinardo y La Merced casi sin actividad (las clases han terminado y quedan ya pocos exámenes).
Con esa presión sobre sus espaldas, los miembros que componen el Consejo de Gobierno (el rector, el secretario general, el gerente y cincuenta miembros de la comunidad universitaria, entre decanos, representantes de los diferentes órganos y designados) iniciaron la reunión con el plan de ajuste como principal orden del día. En realidad, el enunciado de ese punto señalaba que el Consejo de Gobierno debía debatir «y en su caso aprobar» el plan de ajuste, y desde el primer momento el rector dejó claro que no era necesario dejar el tema zanjado. El documento parecía condenado al rechazo desde primera hora por la falta de acuerdo entre los integrantes del Consejo de Gobierno, que se atascaron en un debate que duró cuatro horas y terminó sin votación. El equipo de Gobierno de la Universidad despejó así también la posibilidad de que el plan recibieran mayoría de votos en contra, lo que hubiera evidenciado la división.
El plan de ajuste es en realidad la 'traducción' de los recortes impuestos por la Comunidad (rebaja en más de diez millones su presupuesto para la Universidad) y el Ministerio a las cuentas de la Universidad para el curso próximo. Con el aplazamiento de la decisión, el Rectorado gana además tiempo para reclamar el pago de los más de 60 millones de euros que la Comunidad le debe, aunque el rector reconoció ayer que «la negociación está atascada y no hay previsión ni garantías de recibir el dinero próximamente».
Entre tanto, en la calle los manifestantes realizaban cortes intermitentes en Teniente Flomesta al grito de 'vota no' y 'la Universidad no se vende, se defiende'. El momento de mayor tensión se vivió cuando un grupo de manifestantes trató de entrar en la Convalencencia, y la Policía cerró las puertas tras un forcejeo. En los campus apenas se registró actividad, en buena medida porque las clases han terminado, pero también por el seguimiento mayoritario a la jornada de paro. Las notas de Selectividad, en cambio, llegaban puntuales a la coordinación de las pruebas, que tenía previsto publicarlas a las ocho, cuando estaba previsto.