«Pedimos el cese inmediato y fulminante de Fernando Mateo como director General del IMAS». Con meridiana claridad se expresó ayer la diputada regional del PSRM Teresa Rosique tras presentar una iniciativa parlamentaria donde pide (por cuarta vez) la comparecencia de la consejera de Sanidad y Política Social, Mari Ángeles Palacios, en la Asamblea Regional para «explicar» la gestión de su departamento en el conflicto que ha generado, para la aplicación de la Ley de Dependencia, el concurso de acreedores de Cruz Verde.
La iniciativa parlamentaria ha sido presentada por el PSRM nada más conocer la sentencia del Juzgado de lo Social que condena al IMAS y a la mercantil por el «despido improcedente» de ocho trabajadores de los centros para personas con discapacidad Julio López Ambit y Luis Valenciano, de El Palmar, además del centro ocupacional de Espinardo.
Para Rosique, esta sentencia «evidencia» que la gestión de Fernando Mateo al frente del IMAS, está ocasionando daños a tres niveles. «El primero, en lo judicial, porque esta sentencia supone una condena contra la Comunidad Autónoma por irregularidades; el segundo, en lo económico, se está pagando a interinos para que sigan funcionando los centros de día y a este gasto hay que sumar las indemnizaciones, y en tercer lugar, porque a nivel laboral se está privando de derechos como el paro a los extrabajadores de Cruz Verde».
La diputada advierte de que tras solucionarse las denuncias de El Palmar y Espinardo «están pendientes las de Cieza, Yecla y Jumilla, que podrían resolverse en favor de las trabajadoras. Una fuga de dinero público por la que alguien debe responder». Desde la Consejería de Sanidad no se han pronunciado sobre la destitución de Mateo, pero sí han aclarado que el IMAS «ha recurrido» la sentencia del juzgado.
